El conseller de Gobernación, Seramín Castellano (d) junto al empresario Vicente Huerta (i). Foto: Levante



El PP guardia silencio sobre el escándalo del consejero valenciano de Gobernación y secretario general del PP regional, Serafín Castellano, en cuestión por adjudicar contratos millonarios a empresarios amigos con los que se va de caza, y que podría ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Sin embargo, la dirección del PP emprendió una campaña de acoso y derribo contra el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, no porque se le acusara de ningún caso de corrupción, sino por participar en una cacería junto al juez Baltasar Garzón, que entonces instruía el caso Gürtel.

"Lamentable desde el punto de vista ético"
“Absolutamente lamentable desde el punto de vista ético", dijo entonces la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta del Gobierno. ¿Qué piensa ante el escándalo que afecta al número dos del PP valenciano? La dirigente popular ahora guarda silencio.

Castellano: "Caiga quien caiga"
El propio Castellano arremetió contra el exministro socialista y exigió responsabilidades: “caiga quien caiga, dijo. "Creo que en democracia se tiene que investigar todo y, evidentemente, quien la haga, que la pague, pero lo que no se puede hacer es utilizar de manera partidista las instituciones para tener rendimiento político, porque son prácticas que se tienen que desterrar", añadió el político valenciano, que dio por hecho que Bermejo tenía “algo que ocultar”.

El mismo año que saltó su escándalo
Lo más significativo de las palabras de Castellano es que fueron pronunciadas en febrero de 2009, el mismo mes y el mismo año en que saltó el escándalo de sus adjudicaciones a la firma Construcciones Taroncher y Asociados S.L, de la que es dueño el empresario José Miguel Taroncher,  con quien mantiene una larga amistad y con quien comparte cacerías.

Su otro amigo, con el que sale a cazar
Un año después, cuando aun estaba fresco este escándalo, Castellano adjudicó un contrato de 22.657.852 euros a Vicente Huerta, dueño de la empresa de aviones Avialsa T-35,  para dar servicio de aviones destinados a las tareas de extinción de incendios forestales en la Comunidad Valenciana. El secretario general del PP valenciano también ha disfrutado de jornadas de cacería con  este empresario

Rajoy lo consideró "obsceno" en medio de "la crisis"
Entre los que pidieron responsabilidades al Gobierno socialista porque el exministro Bermejo se había ido de caza con Garzón estuvo Mariano Rajoy. El entonces líder de la oposición afirmó el 14 de febrero de 2009 que la cacería es "un acto obsceno en sí mismo" y más aún cuando ocurre en “plena crisis económica", lo recuerda el digital Levante.

Rajoy añadió que el hecho de que Bermejo y el juez Baltasar Garzón acudieran juntos a una montería era una muestra de "la degeneración democrática” provocada por el Ejecutivo socialista. El presidente del Gobierno y del PP, sin embargo, ahora en el caso de Castellano también guarda silencio.

Pons no pide a Castellano "que nos aclare hasta el último extremo" sus cacerías
Tampoco dice nada el exvicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Valencia, Esteban González Pons, que cuando la cacería de Bermejos y Garzón, además de cargar contra la cinegética al afirmar que “ los animales muertos y la sangre, es de un desahogo extraordinario y de una falta de cuidado que ofende" consideró que había “muchas sombras que deberían aclararse". “Que nos expliquen por qué y que se nos aclare hasta el último extremo esa cacería, en la cual, por lo visto, hubo más que tiros", añadió.

El PP exigió una comisión de investigación en el Parlamento
“Mientras toda España sufre la crisis, aumentan las listas del paro, 800.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro, los ministros se van de cacería por cotos públicos sin aclarar quien paga, si se deja invitar, disparando sin licencia y sin seguro de caza", subrayó el entonces portavoz del PP.

El Partido Popular exigió al Gobierno socialista una comisión de investigación parlamentaria sobre la cacería de Fernández Bermejo y anunció que rompía cualquier acuerdo institucional en materia judicial con el Ejecutivo.