Alberto Ruiz Gallardón con el actual presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner. Foto Ministerio Justicia



Por primera vez, una asociación de jueces ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en materia de posible infracción de normas sobre prevención de riesgos laborales contra el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma madrileña encargada de proporcionar los medios materiales y personales necesarios para la administración de Justicia, y el propio Ministerio de Justicia. Así lo ha hecho Jueces para la Democracia, entre cuyos asociados crece la indignación ante las circunstancias del fallecimiento de su compañero magistrado Ángel Luis del Olmo, que sufrió un infarto el 2 de julio pasado en la sede de los juzgados madrileños de lo social. El juez, como sus colegas, vivía una pesadilla de trabajo acumulado debido a la falta de medios y al incremento de casos a raíz de la reforma laboral.

“Ya hace tiempo que la Comisión Sindical de Jueces para la Democracia viene trabajando sobre prevención, intentando concienciar al CGPJ y al MJU de que nuestra salud no es algo negociable y, desgraciadamente, hemos de seguir constatando como la falta de una política preventiva seria, que empieza por la falta de evaluación de riesgos y de la carga máxima de trabajo, está causando estragos entre los compañeros que se hallan en los juzgados más sobrecargados: sociales, mixtos, penales, instrucción, etc y en general los que están en la primera línea del Servicio público”, explican los miembros de esta comisión en un escrito a sus compañeros jueces.

Situaciones sangrantes
“Esta sobrecarga se ha incrementado con la supresión de 1500 puestos de trabajo de Jueces sustitutos y Magistrados Suplentes sin que, hoy por hoy, se haya adoptado ninguna medida limitativa de la carga de trabajo derivada de sustituciones, ni se haya efectuado ninguna evaluación del riesgo que ello supone ni adopción de medida preventiva alguna -continúan-. En la Comisión Sindical ya conocemos situaciones auténticamente sangrantes de sustituciones que exceden todo de jornada en derecho comunitario, sin derecho a compensación en tiempo.”

Olvidar la salud de los jueces puede salir caro
Teme la comisión sindical de JpD que no sea esta la última denuncia y no descartan tampoco el poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía o el Juzgado de Guardia hechos que pudieran tener reflejo en el articulado del Código Penal y que puedan acabar incluso en delitos de muerte o lesiones. Sin embargo, su principal preocupación, explican, “es que los responsables políticos y de los órganos de gobierno judicial empiecen a tomar conciencia que olvidarse de proteger la salud de jueces y magistrados, es algo que puede salir caro”.

Señalan a CGPJ, Comunidad y Ministerio
La denuncia () presentada el lunes 8 de julio ante la Inspección de Trabajo indica como sujetos presuntamente responsables al Consejo General del Poder Judicial, responsable de la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados; a la Comunidad de Madrid que ostenta la titularidad y competencias de los medios materiales y personales en el ámbito de la Administración de Justicia y al Ministerio de Justicia que tiene suscrito con el CGPJ un convenio sobre prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los miembros de la Carrera Judicial.

Muerte de un magistrado de lo social
La denuncia narra los dramáticos últimos momentos del magistrado Angel Luis del Olmo quien poco después de comentarle a un compañero que tenía un día complicado, cayó desvanecido en la octava planta del edificio de los juzgados de lo social de la calle Princesa, 3 tras salir del ascensor. La secretaria de su juzgado dio la alarma y llamó a urgencias. Le atendió un perito que tenía juicio en el juzgado 25 y tras hacerle el boca a boca y masajearle el corazón consiguió mantenerle vivo durante 25 minutos. El médico echó en falta la existencia de un desfibrilador que hubiera permitido dar más posibilidades de recuperación al juez. Más tarde llegó el SUMMA que ya no pudo reanimarle.

“Vivía en su despacho”
Relata la denuncia que este tipo de incidentes no son infrecuentes en los juzgados de lo social donde ya se han producido distintos episodios como el ictus que sufrió un letrado o la necesidad de llamar a urgencias por el calor, la falta de espacio y las condiciones en suma que se viven en estas instalaciones. En cuanto a las condiciones de trabajo, JpD resalta en la denuncia –como ya indicó ELPLURAL-COM- que el juez del Olmo tenía ese día señalados 19 juicios, contaba con menos personal y carecía de refuerzo. “Vivía prácticamente en su despacho excediendo los máximos de jornada fijados. También trabajaba en los juzgados los sábados y domingos”.

“Carga excesiva de trabajo sin control horario”
En su escrito ante la Inspección del Trabajo, los jueces señalan las malas condiciones del edificio por cuyas dependencias pasan 3.000 personas al día y acuden al trabajo mil funcionarios. “Hace un par de meses se realizó un simulacro de evacuación y los resultados fueron catastróficos. El desfibrilador ha sido pedido incluso por escrito varias veces y, o no se ha respondido, o ha sido denegado expresamente.” Concluyen en cuanto al magistrado del Olmo: “El compañero fallecido soportaba una carga excesiva de trabajo sin control alguno de horario o jornada ni de efectos de dicha carga sobre su salud”.

“El CGPJ se niega a fijar carga máxima laboral”
Jueces para la Democracia continúa acusando en su denuncia: “El CGPJ se ha negado hasta la fecha a fijar una carga máxima para los jueces y magistrados a efectos de salud laboral lo cual, con el colapso de los juzgados, ocasiona sobrecargas de trabajo que generan estrés laboral y generan riesgos no evaluados como ocurrió fatídicamente en el caso objeto de la denuncia, a pesar de las reiteradas peticiones…” En cuanto al Ministerio de Justicia, que tiene un convenio suscrito con el CGPJ, “tampoco ha realizado evaluación o planificación alguna de la actividad preventiva relativa a jueces y magistrados”.

¿Múltiples infracciones?
Los jueces enumeran una serie de infracciones que han podido cometer los responsables apuntados tales como incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa; no realizar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores o la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fueran incompatibles con sus características personales entre otros riesgos supuestamente no contemplados.