ELPLURAL.COM revela las conversaciones que avalan al fiscal, quien pide la anulación del despido de 700 interinos

“La ausencia total de acuerdos, la drástica limitación de los debates y la absoluta falta de aceptación de propuesta permiten, en una primera aproximación, poner en duda que en la reunión de la Mesa Sectorial se produjera negociación alguna sino una suerte de anuncio por parte de la Administración de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tenía previsto llevar a efecto”. Este párrafo corresponde a la resolución de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que pide la anulación de una orden del Gobierno de María Dolores Cospedal por la que se suprimieron 700 plazas de interinos por considerar que “vulnera el derecho a la negociación colectiva” ().

 “Es una falta de respeto”
El caso es que el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, adoptó una postura intransigente, impidiendo que los sindicatos expresaran su postura, sin dejarles preguntar y “riéndose” de ellos, según denunciaban los representantes de las centrales sindicales presentes en la mesa sectorial de 20 de agosto de 2012. ELPLURAL.COM ha tenido acceso a las conversaciones de esa reunión y que avalan la decisión de la Fiscalía, asegurando que el Gobierno de Cospedal incurrió en "un comportamiento antijurídico” cuando “ignoró” las previsiones contenidas en varios artículos del Estatuto de los Trabajadores y que entre ese “comportamiento antijurídico” y el “resultado lesivo” para el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos recurrentes existe “un nexo de causalidad adecuado”, concreta.

Supresión del 43% de las plazas vacantes
La Fiscalía del Tribunal Superior castellano-manchego entiende, por lo tanto, que a los sindicatos se les hurtó una serie de derechos, mientras que el 20 de agosto del citado 2012 el director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, aseguraba que el Gobierno de Castilla-La Mancha suprimiría el 43% de las plazas vacantes de la Administración Pública en esta región para buscar la “racionalización” de los puestos de trabajo y la “eficacia”, dijo el alto cargo, cuando en realidad solo perseguía despedir a 700 interinos.

 “Esto roza la ilegalidad”
La crispación en la reunión del 20 de agosto fue subiendo de temperatura a medida que el Gobierno de Cospedal intentaba a toda costa cerrar la mesa, “ya que el tiempo corría en su contra porque querían publicarlo (la supresión de las 700 plazas) al día siguiente”, señalan los sindicatos, que en un momento de la reunión recriminan al director general su postura, al mismo tiempo que le advierten de que está “cayendo en la ilegalidad”, impidiendo que hablen los representantes sindicales, a los que Juan Manuel de la Fuente acusa de “montar una pantomima”.

“Un mero trámite”
Y es que la Mesa de Negociación a la que se refiere el escrito del fiscal “nació muerta desde su propia convocatoria, ya que para el Gobierno regional era un mero trámite”, añaden las centrales, “durante la celebración fuimos invitados en numerosas ocasiones a abandonarla, pero nos mantuvimos firmes en nuestro propósito de negociar hasta la última coma de la propuesta”.

Asunción de responsabilidades
En este sentido, STAS-intersindical señala en un comunicado “la enorme gravedad que supone que el Ministerio Fiscal aprecie una conducta antisindical por parte del director general de la Función Pública, en permanente actitud de retirar y cortar la palabra a los interlocutores sociales, con una ausencia total de acuerdos y sin permitir la modificación ni de una sola coma de los textos propuestos”. De ahí que el sindicato exija la asunción de responsabilidades políticas por parte del consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban, por lo que le piden el “cese inmediato de José Manuel de la Fuente para evitar volver a repetir estos episodios tan antidemocráticos y tan lesivos para la Junta de Comunidades”.

“Prepotencia y arrogancia”
El final de esta historia puede traer consecuencias devastadoras para las arcas castellano-manchegas, ya que por la “prepotencia y arrogancia del consejero Leandro Esteban y la torpeza de su director general”, lamenta en su comunicado el STAS, “el Gobierno de Cospedal tendrá que readmitir a los 700 interinos y abonar el salario que han dejado de percibir desde la fecha del cese, agosto de 2012”. O lo que es lo mismo, si la resolución de la Fiscalía la asume finalmente el tribunal, entonces, la Junta de Comunidades tendrá que pagar en torno a los 14 millones de euros.