La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. EFE/Archivo
La orden policial contra los actos conocidos como eschache ya es efectiva. La Secretaría de Estado de Seguridad la ha hecho llegar a las comisarías: deberán identificar, sancionar y detener a quienes participen en los mismos. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el martes pasado que las acciones del movimiento antidesahucios contra algunos responsables de su partido son "profundamente antidemocráticas". La polémica está servida. El portavoz de mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha considerado una "barbaridad" la instrucción de Interior porque significa actuar contra ciudadanos que no cometen ningún delito y, además, se “pone a los agentes a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica.
Escrache
El término escraches viene de Argentina, de las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura, y es el nombre que se le ha dado a los actos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para presionar a los políticos en la tramitación del proyecto de ley procedente de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago.
La orden enviada a las comisarías
"Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente", dice la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Las protestas frente a las casas de políticos populares
En la nota, de apenas un párrafo, dirigida a las comisarías de Policía, "se ruega máxima difusión". La decisión de Interior llega después de los actos llevados a cabo por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a las viviendas de dirigentes populares, como Esteban González Pons o los diputados Antonio Gallego y Carmen Maniega.
Interior pondrá servicios de vigilancia a políticos
El Ministerio del Interior activará un servicio de vigilancia para los cargos públicos que lo soliciten, si existe una "amenaza clara" contra ellos, aunque ha precisado que no se está trazando un plan de escoltas, según fuentes del ministerio citadas por Servimedia.
Una estrategia de la izquierda
El PP ve las protestas de los antidesahucios contra cargos populares, no como acciones casuales, sino como una estrategia organizada premeditadamente desde sectores de la izquierda, parecida en cierto modo a la que se produjo en 2003 cuando comenzó la guerra de Irak y se producían protestas frente a las sedes del partido, según Servimedia.
Rajoy tildó a los activista de "antidemocráticos"
Mariano Rajoy tachó el martes de "profundamente antidemocráticos" los ataques y acosos que están sufriendo algunos responsables de su partido por parte del movimiento antidesahucios y afirmó que si todo el mundo actuara así España sería "un país invivible".
Durante una reunión informal, el martes pasado, con el presidente de Francia, François Hollande, en el Eliseo, Rajoy señaló que "no es democrático ni es justo ni propio de un país serio que se acose a personas y se les intimide, o se empapele la puerta de sus casas con sus fotos".
El sindicato de la Policía cree que "es una barbaridad"
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha calificado de "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que cree que se pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica.
Se identificará a personas que no cometen ninguna infracción
En declaraciones a EFE, el portavoz del SUP ha considero que “proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", y ha recordado que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella.
Advierte de identificaciones masivas sin cobertura legal
Benito cree que la instrucción de Interior supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa. El portavoz del sindicato mayoritario de la Policía ha advertido de que la orden de Interior puede llevar a identificaciones masivas "sin cobertura legal alguna", lo que, en su opinión, pone en "riesgo" la seguridad jurídica de los policías.
