Antonio Ferrer Gutiérrez, era hasta el pasado 8 de febrero presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia; ese día, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón firmaba en el BOE su nombramiento como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Ferrer cubría la vacante producida por la jubilación anticipada de José Flors Maties.
Caso Gürtel valenciano
Su nombramiento completa la relación de cinco miembros que componen esta Sala que según fuentes judiciales y próximas al CGPJ “salvo en un caso, son más cercanos a ideas conservadoras”. Esta sala reúne en estos momentos un nutrido repertorio de asuntos ligados al Partido Popular. En concreto, aquí se ve el caso Gürtel dividido en seis piezas separadas que afectan a aforados del PP en temas tales como presuntos temas de financiación irregular, delito fiscal y facturas falsas. También les corresponden las posible irregularidades en la contratación de elementos audiovisuales en la visita del Papa a Valencia en julio de 2006; las presuntas arbitrariedades en la contratación pública entre la Generalitat y sociedades del grupo Correa; y los supuestos delitos contra la Hacienda Pública por Orange Market.
De Blasco a Emarsa pasando por el Papa
Otros casos relacionados con los populares que también recalan o recalarán en el TSJCV son el que afecta al ex consejero y diputado Rafael Blasco en el que se investiga un fraude millonario en los fondos que la Generalitat destinaba a países pobres mediante una ONG, o el de una posible contratación en B del Instituto Valenciano con Julio Iglesias para promoción de la marca comunidad valenciana. Sin olvidar el tema EMARSA en el que ha salido entre otros el nombre del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia como posible receptor de una cantidad de dinero de esta empresa metropolitana liquidada en 2010 con un agujero de 11 millones de euros.
Brugal y más
Se añade a esta lista el 'caso Brugal', en el que se instruyen supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante; aquí aparecen imputados la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. Y entre otras cosas de la larga lista que afecta a la Sala de lo Civil y Penal de TSJCV, no hay que perder de vista el caso Noos que se instruye en Baleares pero en el que ya se han mencionado el Ayuntamiento valenciano y el nombre de Rita Barberá en relación al investigado Iñaki Urdangarín.
Los jueces
Los jueces de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que se enfrentarán o que ya están tratando estos casos, son cinco. De ellos, dos magistrados son propuestos al CGPJ por las Cortes Valencianas: Pía Calderón que es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia y a la que se considera “conservadora” y Juan Climent Barberá quien fuera secretario técnico durante el Gobierno del expresidente valenciano Joan Lerma. A Climent, que también es catedrático, se le señala como de carácter progresista. En su momento presidió el tribunal del jurado contra Francisco Camps.
Apoyo conservador
La presidenta de esta Sala es Pilar de la Oliva, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La magistrada sustituyó en el cargo a Juan Luis de la Rúa hace algo más de un año. Antonio Ferrer, el recién nombrado magistrado, no pertenece a ninguna asociación según expuso en un comunicado el propio TSJCV pero su nominación, que dejó fuera a dos candidatos de la progresista asociación Jueces para la Democracia, fue muy discutido y fuentes próximos al CGPJ subrayan que en su opinión “tiene el apoyo del sector conservador”. También apuntan a una “cierta proximidad” al citado Juan Luis de la Rúa muy discutido en su momento por votar a favor del archivo del 'caso Gürtel' en Valencia.
El polémico juez Ceres
El quinto magistrado es José Ceres, miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ceres fue designado magistrado de la Sala de lo Civil y Penal por el CGPJ y su nombramiento fue recogido en el Real Decreto 44/2005 de 15 de abril. y se publicó el 2 de junio en el BOE . A partir de entonces empezó a ejercer en la plaza que había dejado vacante por jubilación el magistrado José Luis Pérez. Pero tres personas presentaron recurso contra su designación. Fueron los magistrados de la Audiencia de Valencia María Ibañez, Mercedes Boronat y Vicente Ortega. Explicaban que el CGPJ no había justificado los méritos y capacidad que adornaban a Ceres para distinguirle entre el resto de candidatos, lo que técnicamente se denomina “falta de motivación”. A raíz de este proceso, el Tribunal Supremo anuló este nombramiento en 2007.
Archivo del caso Camps
Ceres ocupó durante un tiempo la plaza de forma provisional por decisión del presidente de la Rúa y de la Sala de Gobierno de la máxima instancia judicial valenciana cuyos integrantes estaban al parecer asociados, de forma mayoritaria, a la Asociación Profesional de la Magistratura. Después, fue confirmado el 13 de febrero de 2009 si bien sufrió algún recurso más. Este magistrado ha sido objeto de polémica por algunos casos en los que ha tomado parte. Este fue el caso del auto de archivo de la causa contra Camps por posible cohecho en los regalos de trajes por parte de la trama Gürtel en el que intervino junto al presidente de TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa.
¿Cambiar cromos?
De estos cinco magistrados dependerá la instrucción y resolución de las presuntas corrupciones en la Comunidad Valenciana. Las mismas fuentes señalaban la necesidad de que los nombramientos de los jueces en las distintas instancias “se realicen de tal manera que no haya lugar a la más mínima posibilidad de crítica o polémica. En ocasiones puede dar la impresión de que hay una especie de ‘cambio de cromos’ al designar a una u otra persona para tal o cual destino. Y eso no puede ser”.
