El juzgado de primera Instancia de Mataró ha condenado a Bankia a devolver 36.000 euros a un matrimonio de ancianos a los que se les convenció de que invirtieran su dinero en participaciones preferentes, además deberán pagarles también los intereses por la inversión realizada entre los años 2002 y 2009. Fue en una sucursal de la antigua Caixa Layetana, integrada actualmente en Bankia, donde les convencieron para que metieran los ahorros de toda su vida en participaciones preferentes, ese producto financiero con el que los bancos se han quedado con el dinero de los ahorradores por siglos y sin posibilidad de que los recuperen.

Un matrimonio de ancianos y él con alzhéimer
Los afectados son un matrimonio de ancianos, él de 81 años y enfermo de alzhéimer, y ella de 80 años. Cuando tan solo tenían 16 años depositaron su primeros ahorros en Caixa Layetana y en el año 2002, cuando las participaciones preferentes eran un producto destinado principalmente a inversores cualificados y no a minoristas, les recomendaron invertir su dinero en este producto del que no habían oído hablar, pero del que en la sucursal les aseguraron que era similar a un depósito a plazo fijo tradicional. Metieron 30.000 euros. En el año 2.011, aconsejados de nuevo por el banco, invirtieron otros 6.000 euros.

En esta última operación la sentencia judicial constata que el marido tenía muy avanzada la enfermedad de Alzhéimer, que se le había diagnosticado en el año 2004, hasta el punto de que se quedó fuera del despacho donde recibieron a su mujer, a pesar de que parte del dinero que se iba a invertir era suyo.

Se saltaron todas las normas
Pero además en el año 2004 era obligatorio realizar un test de conveniencia, impuesto por la normativa europea, con el que se evaluaba si el cliente entendía el producto y sus riesgos. Le hicieron el test a la mujer, de 80 años y modista jubilada, y dio un resultado negativo, es decir que las preferentes era un producto complejo que no encajaba con sus conocimientos financieros. Este hecho debería haber obligado a la sucursal a desaconsejar la compra de preferentes, pero no fue así sino que la subdirectora de la oficina forzó a la anciana a firmar el contrato.

En su declaración ante el juez la empleada del banco reconoció que ni ella misma sabía cuáles eran las diferencias fundamentales entre un depósito y una preferente.