Mientras Bruselas anunciaba este miércoles que el rescate de los bancos españoles ascenderá a 37.000 millones de euros, el ministro de Economía, Luis de Guindos, presumía en el Congreso del bajo interés que se pagaría por la operación, según él menos del 1%. La Comisión Europea no ha confirmado todavía esa cifra, pero el ministro 'olvidó' costes claves de este rescate bancario: por un lado, los cerca de 10.000 millones que van a aportar los accionistas 'preferentes' con la quita que tendrán que asumir; por otro, el impacto que ha tenido y sigue teniendo en el incremento del coste de financiación de España por el hecho de tener que responder de un rescate equivalente a 4 puntos del PIB.

La Comisión Europea anunciaba esta mañana que las cuatro cajas nacionalizadas, Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia -que se integrará en Caixabanc- recibirán 37.000 millones de euros para su rescate. A esta cifra se debe sumar el dinero público -un mínimo de 2.500 millones de euros- que el FROB aportará al 'banco malo' con el que se pretende sanear el balance de los bancos asumiendo sus activos inmobiliarios sobrevalorados, un montante también procedente de Europa y que dependerá en parte de los actores privados -reticentes de momento- que se sumen finalmente a la sociedad.

Un lastre contrastado en la financiación española
Paralelamente al anuncio de Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, presumía en el Congreso de que el coste del rescate bancario español estará "claramente por debajo del 1%", procedente del MEDE europeo, cuando inicialmente se habló de una horquilla de entre el 3-4%. Está por ver cuál será el tipo de interés, punto al que Bruselas no ha aludido hoy, pero como bien sabe el ministro el impacto que tendrá en las cuentas públicas -y que ya ha tenido de hecho- va mucho más allá de ese dato.

Los 40.000 millones iniciales de este rescate a la banca lo asumirán todos los españoles, ya que es el Estado el garante del préstamo europeo. Son los "solo" cuatro puntos del PIB cuyo impacto en las cuentas desdeñó Mariano Rajoy, que además se han traducido en más recortes públicos para cuadrar las cuentas, alimentando la espiral de decrecimiento y aumento de los intereses de la deuda. Desde que el Gobierno anunció el rescate financiero y fracasó en sus negociaciones con Bruselas para que no contabilizara en el déficit público, unido al pánico generado por la nefasta gestión del problema de Bankia, disparó la prima de riesgo soberana en más de 200 puntos en los últimos meses. Buena parte del coste del rescate está ya descontado por los mercados y forma parte ya de la deuda española, de hecho los mercados han acogido bien este miércoles que por fin se concrete la ayuda -la máxima incertidumbre en torno al rescate a finales de julio, con las negociaciones con Bruselas en punto muerto, llevó a la prima hasta los 638 puntos-.

La retroalimentación entre crisis, deuda privada y deuda pública ha sido denunciada reiteradamente por economistas como el Nobel Stiglitz. El lastre del rescate financiero es de hecho uno de los factores que más ha pesado a la hora de colocar a España al borde del rescate de la deuda soberana.

El Gobierno es tan consciente de esa realidad que luchó -y perdió- en Bruselas para cons,eguir que el rescate de la banca fuera directo. Ahora negocia para que al menos se descuente el efecto de esa carga pública a la hora de evaluar los objetivos de déficits -el incumplimiento puede acarrear multas- y al menos aquí la Comisión se ha mostrado predispuesta a ello.

Intereses anuales de un mínimo de 2.000 millones anuales... tirando por lo bajo
Ese impacto en las cuentas públicas del rescate bancario se traduce por tanto en el coste de financiación de España. Fuentes socialistas cifran en un mínimo de 2.000 millones anuales solo en intereses ese impacto, recordando la constatada correlación entre incremento de deuda pública y la escalada de intereses que hay que pagar para acceder a los mercados. "Y es una estimación a la baja", advierten, ya que por ejemplo según la estimación del FMI de que cada 20 puntos de deuda (en relación al PIB) que asume un país los intereses de su deuda crecen en 1,5 puntos porcentuales. Esto significaría para los 4 puntos que representa el rescate bancario cerca de 3.000 millones más de gasto público anual en intereses. A lo que hay que sumar, claro, el tipo de interés que ponga el MEDE. Y sin entrar en la comentada contracción de la economía de los recortes para pagar el rescate bancario, que como también reconoce hasta el FMI ha tenido un efecto contractivo de la economía y más costes de financiación.

Paganos dobles: los subcriptores de preferentes
Eso por el lado de todos los contribuyentes. Pero habrá otros paganos adicionales, los que a su condición de contribuyentes de a pie sumen el hecho de haber suscrito en su momento participaciones preferentes en las entidades intervenidas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha anunciado hoy que tendrán que asumir una quita de unos 10.000 millones. Las preferentes se transformarán en acciones pero perdiendo entre el 30 y el 70% de su valor nominal, según cada entidad.

Así, desde ADICAE, una de las asociaciones que defienden a los suscriptores de preferentes, han denunciado que "el plan de rescate bancario de la Comisión Europea constituye una ilegalidad manifiesta que trata de resolver el problema de un fraude reconocido por todo el mundo cargando el coste en cientos de miles de familias ahorradoras engañadas”. Así se ha expresado en un comunicado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos. Bankia, que recibirá la mayor parte del rescate (18.000 millones) ya ha anunciado hoy sus planes al respecto: aplicará una quita del 39 % en las preferetnes que están en manos de pequeños inversores, que se elevará al 46% para quienes adquirieron deuda subordinada perpetua.

La factura laboral
Por último, y no menos importante, está el coste humano de los trabajos que se destruirán con la reestructuración en todas las entidades intervenidas. De nuevo Bankia ya se pronunciado al respecto: reducirá el número de empleados con el cierre del 39% de su red de oficinas, lo que equivale a unas 1.100 empleados, aunque con los puestos ya destruidos y con los ajustes en otras áreas podrían sumar cerca de 6.000 despidos.