Nadie es ilegal porque quiere
"Lo que no se puede hacer es tratar a los inmigrantes que están legalmente en España como a los que entran ilegalmente en nuestro país y menos en unos momentos en los evidentemente que hay que hacer ajustes en el conjunto de los servicios públicos", añadió el portavoz del PP, ignorando que nadie es ilegal por voluntad propia y negando la dura realidad de las personas que se ven forzadas a inmigrar por la dura realidad de sus países de origen.
El PSOE, en contra
El PSOE ha salido al paso de la nueva ocurrencia del Gobierno de cobrar una cuota mensual. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha dejado claro que su partido está "absolutamente en contra". En el mismo sentido se ha manifestado el diputado de IU y representante de esa formación en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, que ha acusado al Ejecutivo de "criminalizar" a los inmigrantes y de tratar de hacerles responsables de un "inexistente" despilfarro en la sanidad.
País Vasco y Andalucía seguirán atendiéndoles
Desde el País Vasco, el Gobierno del socialista Patxi López ha reiterado que mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos y ha señalado que la nueva norma conducirá a una "completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado" que dejaría a las comunidades el papel de "meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias". Andalucía también ha mostrado su rechazo, su consejera de Salud, María Jesús Montero, ha dicho que la Junta ya ha dejado claro que va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar “problemas de salud pública”.
El derechista Mas, también
Incluso la Generalitat de Cataluña, que ha dado los primeros pasos en el copago con el cobro de un euro por receta médica y ha hecho importantes recortes en la sanidad , ha anunciado que mientras espera a ver la orden del Gobierno, no dejará a nadie sin la atención primaria, y prepara la instrucción para regular el acceso a la atención hospitalaria y especializada.
Los médicos creen que su obligación ética es atenderles
La Organización Médica Colegial (OMC) ha defendido que todos los inmigrantes sean atendidos por la sanidad pública tanto por motivos de prevención de enfermedades como económicos. Para los médicos, su obligación ética es atender a todos los ciudadanos y han considerado que el sistema sanitario publico abarca a todos los que residen en España.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, ha manifestado que la propuesta del Gobierno no es factible y la considera profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, ha explicado.
Basora cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad puede ser la intención de hacer aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero, aún así, no es la manera, porque estamos hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones”, dice. “700 euros al año es una cifra inalcanzable”, zanja.
Una web para objetores
La sociedad ha abierto una web para recoger objetores a los decretos del Gobierno. Ya se han apuntado casi 900 profesionales. Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población.
Las ONG acusa al Gobierno de poner precio a la vida
Asociaciones de atención al extranjero han expresado su rechazo frontal a los planes del Gobierno, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) que ha destacado que se trata de "poner precio a la salud y a la vida" y de poner coto al derecho "inalienable" a la salud pública.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se ha opuesto también al considerar que las cantidades establecidas son "excesivamente elevadas" para algunos grupos de población y "sospechosamente parecidas" a los costes de los seguros privados.
Esta organización ha observado que el nuevo sistema afectaría a las personas que lleven empadronadas en España más de un año por lo que seguirían quedando fuera de la cobertura sanitaria un grupo importante de población, los que viven en una situación de mayor precariedad económica y social.
