A la complejidad del problema se añaden las discrepancias entre José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo y su colega de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El hecho de que no haya un responsable único de Hacienda y Economía que tuviera una visión amplia de todas las implicaciones del asunto es un problema adicional.
Una vez más se comprueba el error cometido por Mariano Rajoy al dividir las competencias de la antigua vicepresidencia económica.
Sostiene el presidente que no hay tal dicotomía al ser él quien verdaderamente dirige la economía y preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Es una actitud voluntarista que en la práctica ha demostrado su ineficacia pues Mariano Rajoy, agobiado por tantos problemas no está para implicarse a fondo en este embrollo.
Lo cierto es que las visiones de los ministerios aludidos difieren pues la obsesión de Cristóbal Montoro es, como es natural, optimizar la recaudación mientras José Manuel Soria actúa con una visión sectorial presionado por sus “clientes”: por un lado la poderosa industria eléctrica convencional a la que no le salen las cuentas y, por otra los intereses de la “Triple A”: ACS, Acciona y Abengoa, instalada en las energías renovables excesivamente subvencionadas.
Soria pretende hacer una reforma energética propiamente dicha mientras Montoro quiere hacer un simple ajuste fiscal.
No creo que haya discrepancias sobre el diagnostico de la cuestión. Tal como ha señalado Soria cada año la diferencia entre lo que el sistema cobra y lo que ingresa son 6.500 millones euros.
A eso hay que añadir los 24.000 millones de euros de déficit de tarifa acumulado. Si no hacemos nada – reconoce el ministro- de aquí a cuatro años ya no tendremos un problema limitado al sector energético, tendremos un problema adicional en el sistema financiero de 50.000 millones de euros.
Cualquier reforma sensata pasa por rebajar las subvenciones a las renovables, especialmente a las termosolares, lo que pudiera plantear problemas jurídico y políticos de retroactividad.
Se podrían generar alarmas entre los inversores extranjeros que atacarían denunciando a este país por no ser fiable, no cumplir sus propias reglas de juego, y en definitiva por un intervencionismo estatal tercermundista. Es, ciertamente lo que nos faltaba.
Sin embargo la experiencia demuestra que más vale ponerse colorado un día que un año amarillo. Habrá que buscar acuerdos con los que han invertido en estos sectores pero todo el mundo entiende lo que es razonable y lo que es insostenible.
Que se hayan cometido errores al fijar dichas subvenciones no obliga a mantener un sistema absurdo indefinidamente. “Pacta sunt servanda” es un principio básico del derecho pero también lo es: “Rebus sic stantibus”, o sea: mientras no cambien las circunstancias.
Según anunció Soraya Sáenz de Santamaría la Comisión Delegada de Asuntos Económicos abordará hoy esta cuestión. Esperemos que el presidente de este órgano, Mariano Rajoy, no aplace de nuevo la solución de un problema que pide pan.
José García Abad es periodista y analista político
