La historia de Francesc Romero fue portada ayer de El Periódico de Catalunya. Ese periódico ha tenido acceso a un documento enviado por el ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas que matiza el real decreto en el que se limitaba la atención sanitaria a los asegurados en el régimen de la Seguridad Social. En el texto se precisa que “todos los españoles” son y seguirán siendo ciudadanos con derecho a la asistencia pública, de acuerdo con la ley general de sanidad, de 1986.

Los que tienen ingresos inferiores a 100.000 euros
El documento mantiene que para tener acceso al Sistema Nacional de Salud hay que ser un trabajador activo que paga sus impuestos, pero agrega que también tendrán acceso a los servicios los españoles cuyos ingresos no superen los 100.000 euros.

Los españoles con rentas altas tendrán que pagar
El real decreto del Gobierno recogía hasta ahora que solo podrían acceder a los servicios sanitarios los mayores de 26 años que no hubiesen cotizado y que se encontraran en la extrema pobreza.
También tendrán acceso a la sanidad pública las personas que disfrutan de rentas patrimoniales altas o muy altas que no proceden de un empleo sujeto a su correspondiente cotización, pero estos tendrán que hacer “una aportación adicional”, aunque no se especifica en el texto el importe.

Varias comunidades denunciarían ante el Constitucional
La Junta de Andalucía, el Gobierno vasco y la Generalitat catalana habían anunciado que recurrirían ante el Tribunal Constitucional el real decreto de Sanidad porque, según alegaron, vulnera la Constitución.

Los inmigrantes ilegales se quedan sin sanidad
No tendrán la misma suerte los inmigrantes, empadronados en nuestro país, pero que carecen de residencia legal, que a partir del 1 de septiembre no podrán acceder al Sistema Nacional de Salud, con la excepción de servicios de urgencia. Hay algunas comunidades, como el País Vasco, Andalucía y Cataluña que ya han anunciado que seguirán permitiendo a estas personas hacer uso de la sanidad pública, como hasta ahora.