Cuestión de plazos
El ministro viajó a la capital comunitaria con el último decreto-ley debajo del brazo, ya publicado en el BOE, para demostrar a sus colegas que el saneamiento definitivo de la banca española era un hecho. Además, y para evitar suspicacias, iba a recordar al resto de los ministros de Finanzas la eurozona que el Gobierno español había aprobado encargar a dos empresas independientes una valoración de los activos inmobiliarios en manos del sistema financiero español. Todo parecía atado y bien atado, pero De Guindos recibió como respuesta que el plan está bien pero que, una vez más, los plazos elegidos son demasiado largos y que es necesario afrontar el problema ya.
Muchos meses
El decreto-ley del Gobierno fija un plazo de un mes (hasta el 11 de junio) para que los bancos remitan a las autoridades (Banco de España y Economía) sus planes de cumplimiento de las nuevas exigencias de provisiones para cubrir sus riesgos inmobiliarios. Sin embargo, el texto legal les da hasta el 31 de diciembre para poner el dinero y las entidades que se queden con otra procedente de una intervención del FROB tendrán aún más tiempo. Así mismo, y aunque esto no figura en el decreto, De Guindos anunció a sus colegas que la valoración independiente de los activos inmobiliarios de la banca estaría lista en unos cuatro meses, o lo que es lo mismo, para la segunda quincena de septiembre.
Exigencias europeas
Los ministros de Finanzas de la eurozona exigieron y consiguieron dos cosas: que el plazo para la valoración independiente esté hecha en dos meses y que el resto de las normas contenidas en el decreto-ley se acomoden a lo que resulte de estas auditorías independientes. Si se cumplen los plazos prometidos por De Guindos a sus colegas, el Gobierno tendrá en sus manos el informe de valoración de activos inmobiliarios en la segunda quincena de julio, lo que le permitirá modificar todo lo que sea necesario en un tercer decreto-ley antes de las vacaciones de agosto.
Nuevos precios
Una de las primeras cosas que seguramente tendrá que ser modificada es la de las obligaciones de información. El decreto prevé que el Banco de España tenga terminado en dos meses (el 11 de julio) el procedimiento para que los bancos creen las bases de datos de activos inmobiliarios que deberán transferir a los bancos malos. En ellas deberán figurar, además de todo lo concerniente a la ubicación física de dichos activos, todo lo relativo a su valor previo y a las provisiones efectuadas para el mismo. Esas bases no servirán de nada si no llevan ya el nuevo valor otorgado por los expertos independientes, de lo que dependerá también la cantidad de provisiones a realizar antes de su traspaso a los bancos malos.
Saneamiento urgente
Junto a esto, una vez conocida la nueva valoración independiente de las carteras de activos inmobiliarios, las autoridades europeas quieren que el saneamiento de los mismos se haga por vía de urgencia para evitar más especulaciones. Ello exigirá acortar los plazos para llevar a cabo el aporte de provisiones, lo que exigirá a muchas entidades de crédito la necesidad de acudir al FROB a por dinero para cubrir la diferencia entre el precio al que tenían tasados los inmuebles y el que tendrán que utilizar para transferírselos a los bancos malos.
Fusiones en curso
Una tercera derivada de todo este proceso es cómo se acomodan a las nuevas exigencias de capital y provisión de pérdidas las fusiones en curso. Algunas entidades que ya han firmado acuerdos para ser absorbidas por otras de mayor tamaño van a ser incapaces de cumplir con las nuevas exigencias antes de formalizar jurídicamente las fusiones. En ese caso, las entidades absorbentes tendrán que asumir como propias esas necesidades de aportación de capital nuevo, renunciar a fusionarse o pedir una ayuda del FROB en forma de préstamo.
Intereses más bajos
En este punto, los bancos están peleando para que estos préstamos, que podrán seguir siendo en forma de bonos convertibles en acciones, exijan el pago de un interés menor (el decreto prevé un 10%), ya que si se mantiene como está, el sector considera que supone castigar injustamente a las entidades de mayor tamaño que van a hacer un esfuerzo por integrar a otras menos sanas en sus estructuras a costa de perder rentabilidad durante un tiempo y evitar así más procesos de intervención de bancos por el Estado.
