Un juez de California ha desestimado la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por el actor y director Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds, en el marco de una batalla legal que ha sacudido Hollywood desde el estreno de ‘It Ends With Us’.
Baldoni alegaba que la pareja buscó “destruir su carrera” y le arrebató el control creativo del filme. Sin embargo, la Corte falló a favor de los actores, calificando la demanda como “infundada”, según los abogados de Lively.
La raíz del conflicto es más profunda: en diciembre de 2024, Lively presentó una denuncia por acoso sexual contra Baldoni, alegando que fue víctima de represalias por hablar. La denuncia incluía mensajes de texto entre Baldoni y su equipo en los que se hablaba de “enterrarla mediáticamente”.
La sentencia también protege a The New York Times, al que Baldoni había demandado por 250 millones por un reportaje clave. El juez respaldó el derecho del medio a informar sobre una historia de interés público, amparado por la legislación surgida tras el movimiento #MeToo.
Lively agradeció el apoyo recibido y afirmó: “Estoy más decidida que nunca a defender el derecho de cada mujer a proteger su historia y su dignidad”.
A pesar del fallo judicial, hay elementos que resultan difíciles de comprender para la opinión pública. Hace apenas unos días, Blake Lively retiró su propia demanda alegando “desgaste emocional”, un movimiento que pone en entredicho la contundencia de la resolución del juez. Esto ha levantado sospechas entre algunos observadores: ¿ha habido algún tipo de influencia indebida? ¿Se ha comprado el silencio o la justicia? O, simplemente, ¿hay algo que aún no sabemos?
Baldoni tiene plazo hasta el 23 de junio para presentar una versión modificada de su demanda, centrada en interferencia contractual y vulneración del deber implícito de buena fe. En caso de no prosperar, aún podría apelar ante una Corte de Apelaciones, y, en circunstancias extraordinarias, llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, esta última solo acepta un número muy limitado de casos bajo un proceso denominado writ of certiorari.
