Conseguir frenar la legalización de la gestación subrogada o vientres de alquiler tal y como pretenden algunas agencias de la ONU. Este es el objetivo de la Red Estatal contra el Alquiler de vientres (RECAV) integrada por más de 300 organizaciones que denuncian la mercantilización del cuerpo de la mujer en busca de beneficios económicos.
El pasado jueves, era la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la que comparaba la maternidad subrogada con el tráfico de órganos y de menores entendiendo que, esta práctica, debería ser declarada ilegal en el ámbito internacional. "Hay que tomar decisiones internacionales y declararlo ilegales", decía la ministra. Una idea que coincide con las demandas de estas 300 organizaciones de la sociedad civil.
Por ello, no han dudado en exigirle al presidente del Gobierno que recoja sus reivindicaciones, porque para poder frenar la legalización de los vientres de alquiler en todo el mundo, primero debe haber alguien sujete la bandera. Ese podría ser Pedro Sánchez.
Y es que, la RECAV le pide a Sánchez que, con motivo de su presencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el próximo 27 de enero, encabece una lucha en la que deberían intervenir otros representantes españoles y del resto de países.
Lo hacen con una campaña a nivel internacional y en colaboración con las organizaciones de la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad de Sustitución. Pero también con el registro de una carta, en la mañana de este mismo martes, ante las agencias internacionales de Naciones Unidas en Europa y España, y ante los ministerios de Exteriores; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este es el escríto íntegro:
Cortar la financiación a quienes pretenden legalizar
Según denuncian, habría “agencias de la ONU que pretenden la legalización del alquiler de vientres” como el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR). Un camino que posiblemente se cerraría si los países y gobiernos que donan fondos a Naciones Unidas empezaran a poner en duda sus aportaciones económicas a estas agencias.
“Nos consta que hay agencias que están debatiendo internamente sobre cuestiones de la gestación subrogada. También nos consta a que se oponen a la comercial, pero de alguna manera consideran como oportunidad la altruista”, explica a ElPlural.com Alicia Miyares, portavoz de RECAV y de la organización No Somos Vasijas.
Pero la intención de las feministas es dejarles claro a la ONU y a sus agencias que “no hay práctica altruista”. “Estamos hablando de una práctica que supone la firma previa de un contrato, la renuncia de derechos y una compensación económica”, explica Miyares. Y, precisamente por eso, considera que no se puede hablar nunca de altruismo.
Y alerta: “La ONU no puede dejar de ser útil por el falso lenguaje del altruismo, debe atajar cualquier posibilidad” porque el fin es la abolición de los vientres de alquiler.
Ni intermediarios que se hacen millonarios, ni publicidad
Pero esta no es la única exigencia de las feministas en cuanto a gestación subrogada se refiere. La lucha se sustenta en tres pilares: revisar las normativas de inscripción de estos menores, la prohibición de la publicidad y la ilegalización de la intermediación; labores que hacen agencias de viajes, abogados, empresas de contactos o publicidad… Porque, al final, son estos últimos los que obtiene mayor beneficio económico de la venta del cuerpo de la mujer y del menor.
Según varios estudios, queda demostrado que los vientres de alquiler se han convertido en un negocio en el que las mujeres, muchas veces de países subdesarrollados o que viven en condiciones de vulnerabilidad, son las que menos beneficios obtiene. Del monto de dinero que mueve ya este negocio, sólo el 10 o el 20% queda en manos de las mujeres. El 80% va directamente a las arcas de los intermediarios.
Sin olvidar que la maternidad subrogada no es legal en España y que cualquier intento de desarrollarla supone “de acuerdo a nuestros propios códigos civiles y penales” un “fraude de ley”.
“Nuestra intención es que a este comunicado se sumen organizaciones de mujeres de otros países". “No es una acción con vocación sólo española. Cuantas más organizaciones de otros países mejor será esta lucha que tiene que ser internacional”, recuerda Miyares.
