El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que la Abogacía de la Generalitat presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que fue aprobado por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que recorta los aportes de agua al trasvase Tajo-Segura, y que establece caudales ecológicos progresivos hasta el año 2027. Además, el presidente también ha anunciado que se pedirá, como medida cautelar, la paralización de la aplicación de estos caudales ecológicos.

Según ha explicado el propio Puig: “El recurso solicitará medidas cautelares con el objetivo de que se paralice cualquier decisión hasta que no se aborde el fondo de la cuestión, es decir, que no está garantizado en la disposición novena lo que parece razonable y es que se haga una evaluación de cómo están funcionando las inversiones y al mismo tiempo cómo está la masa de agua del río para subir los caudales”.

“No está garantizado en la cláusula 9 aquello que parece razonable, y es que se haga una evaluación de cómo están funcionando las inversiones, y a mismo tiempo como están las masas del río para subir los caudales. Pensamos que no está justificado que sin esa evaluación del año 25 se produzca ya una subida inexorable de los caudales ecológicos. Queremos que se garantice agua para siempre y, por eso, buscamos garantizar el trasvase. Nunca renunciaremos al trasvase, pero al mismo tiempo buscamos otras soluciones. Por eso no ponemos en cuestión todo lo que dice el real decreto. Estamos de acuerdo con muchas cosas, estamos de acuerdo con las inversiones, estamos de acuerdo con la comisión de seguimiento, pero no estamos de acuerdo con la disposición 9. Seguiremos con el dialogo, y también continuaremos con el ámbito judicial pensando que tenemos razón. Nosotros no queremos hacer una guerra del agua como en otros ámbitos se plantea. Nosotros  soluciones para siempre para los regantes de la Vega Baja y del conjunto de la Comunidad Valenciana” ha apostillado Ximo Puig.

El real decreto

El problema con el real decreto surgió porque incluye un caudal ecológico, que es el caudal mínimo que debe haber para poder trasvasar agua, que recorta sustancialmente la cantidad de agua que llega a la Comunidad Valenciana. Dicho caudal es de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027, lo que a juicio de los regantes valencianos y, por ende, del Gobierno de Puig, aboca a la agricultura a una muerte lenta.