Era lo previsible: que el presidente de Valencia dijera que no y el presidente de Andalucía dijera que sí. Y así ha sido. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de Murcia, Fernando López Miras, se reunirán hoy en Almería a iniciativa de este último para promover una la declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura.
El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, también fue solicitado –aunque sin mucha insistencia ni convicción– por su homólogo murciano para hacer un "frente común", pero ha declinado amablemente la invitación, consciente de que, aunque legítima, la iniciativa está cargada de intencionalidad política contra el Gobierno de España.
La semana pasada consejera andaluza de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, advirtió que "Andalucía no se quedará quieta" ante el "ataque" que supone la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que plantea el Gobierno de España y que "perjudica a una población almeriense de 150.000 habitantes y a siete comunidades de regantes, cuya superficie ronda las 23.000 hectáreas".
Los regantes murcianos, alicantinos y almerienses aseguran que esa modificación de los parámetros vigentes del trasvase del Tajo-Segura, aprobada por el Consejo Nacional del Agua la semana pasada, entrañará como mínimo un recorte de 80 hectómetros cúbicos de agua anuales a las comarcas afectadas.
"Es una cuestión que nos preocupa mucho y en la que la Región coincide plenamente con Andalucía" de forma que ambas comunidades "están enfrente de los planes del presidente Pedro Sánchez", dijo López Miras en rueda de prensa.
Según los datos esgrimidos por el presidente murciano, el trasvase permite que la Región “produzca una de cada cuatro frutas y hortalizas de España, que sea líder en exportaciones y que casi el 30% de su empleo y del PIB dependa de esta infraestructura que genera de forma directa más de 100.000 puestos de trabajo y, de manera indirecta, más de 300.000, así como más de 3.000 millones de euros a la economía del país".
López Miras dijo que hubo un momento "crítico" que significó un "punto de inflexión" en 2013 con el popular Mariano Rajoy en el Gobierno , cuando se aprobó el Memorándum del trasvase Tajo-Segura "después de un proceso de diálogo, de negociación y de debate público". En su opinión, se llegó a un "consenso entre todos los sectores afectados, entre las cinco comunidades afectadas y el Gobierno de España", informa Europa Press.
"Hoy, el Gobierno de España quiere romper unilateralmente ese consenso", lamentó López Miras, para quien el presidente Pedro Sánchez "va a cumplir por primera vez su palabra y va a ejecutar lo que afirmó hace tres años en Albacete, cuando dijo que el PSOE se disponía a cerrar los trasvases y a cerrar el Tajo-Segura".
La posición de la Generalitat valenciana, del mismo color político que el Gobierno de España, es bastante más cauta que la murciana o la andaluza. La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente prefiere esperar a que la propuesta del Consejo Nacional del Agua se formalice en un Real Decreto al que presentarían alegaciones: "Entonces será el momento de influir". Su titular, Mireia Mollà, apuesta por el diálogo pero lanza esta advertencia: "Los regantes quieren continuar igual, pero esto no funciona, hace falta una diversificación de las fuentes de agua que incluyan la reutilización las desaladoras".
En un artículo de prensa titulado ‘Una nueva hoja de ruta para el trasvase Tajo-Segura’ y publicado el pasado 21 de marzo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apostaba por “encauzar problemas enquistados durante años” mediante “una gestión que debe abordarse con amplitud de miras y mediante una planificación hidrológica inteligente si aspira a ser eficiente, ambientalmente sostenible y socialmente justa”.
Ribera concretaba así sus intenciones: “Será imprescindible también incrementar los recursos alternativos en las cuencas receptoras del trasvase, especialmente en la cuenca del Segura, para facilitar el desarrollo económico, social y ambiental de la zona. Esto supone aumentar los recursos procedentes de la desalación y de la reutilización. La desaladora de Torrevieja es un ejemplo. En poco tiempo ha duplicado su capacidad y esperamos poder triplicarla en los próximos meses”.
