El Tribunal Supremo ha dado un varapalo sin paliativos a Abogados Cristianos, cuya última denuncia contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres ha sido inadmitida por la Sala de lo Penal. El intento de llevar a los tribunales a dos miembros del Gobierno por un presunto delito de malversación en la adjudicación de contratos públicos a Tragsa en el Valle de Cuelgamuros ha sido calificado por el Supremo como una maniobra carente de rigor, fundamentación y respeto al sistema judicial.
El pronunciamiento judicial no se queda en una mera inadmisión, sino que dibuja un retrato demoledor de la estrategia judicial de Abogados Cristianos. En una ponencia redactada por el magistrado Javier Hernández, el tribunal carga contra el “muy confuso” relato presentado por la organización ultraconservadora, que según señala el Supremo, se basa en “informaciones incompletas”, “simples insinuaciones” y una absoluta falta de hechos concretos. "Se construye, en términos manifiestamente temerarios, superponiendo fragmentos de informaciones incompletas de distinta índole, mezclado con simples y desnudas insinuaciones carentes del más mínimo sustento", escribe la Sala.
Sin un solo hecho concreto contra Bolaños y Torres
El Supremo señala, con dureza poco habitual, que en la denuncia no aparece "ningún hecho concreto" que implique a los ministros denunciados ni que permita ni siquiera “representarse hipotéticamente” una relación entre sus actos y un supuesto delito de malversación. El tribunal critica además la falta de un "puente inferencial", es decir, de un mínimo razonamiento lógico que conecte los hechos con los responsables señalados.
En otras palabras, lo que Abogados Cristianos ha pretendido llevar a juicio no pasa ni el filtro más básico de una denuncia bien formulada. El tribunal lo interpreta como un intento burdo de utilizar el sistema penal como ariete político contra el Gobierno, sin importar las consecuencias institucionales ni el respeto a la Constitución.
“Indolente desprecio” por el derecho a la Justicia
En su resolución, el Supremo va más allá al advertir de las implicaciones democráticas de este tipo de prácticas. Califica el proceder de Abogados Cristianos como una muestra de “indolente desprecio por los límites más elementales en el ejercicio de los derechos de acceso a la Justicia” y alerta del peligro que supone recurrir al proceso penal como arma política.
También remarca la gravedad de querer implicar al Tribunal Supremo en “las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”, una acusación que, aunque no nombra directamente a la asociación, apunta claramente a su modus operandi: interponer denuncias contra políticos, artistas o activistas que no comparten su visión ultracatólica del país. "Patentiza, además, una absoluta falta de consideración por la grave función que la Constitución le asigna a este Tribunal Supremo", insiste el auto, subrayando que esta institución no está para validar persecuciones ideológicas.
Esta nueva resolución judicial se suma a una larga lista de golpes a Abogados Cristianos, que en los últimos años ha presentado denuncias contra desde ministras como Irene Montero hasta cómicos, obras de teatro o campañas publicitarias. En la mayoría de los casos, sus iniciativas han sido archivadas o rechazadas por su escaso fundamento legal.
