El exministro José Luis Ábalos y su asesor en Transportes, Koldo García, declaran este lunes 23 de junio en el Tribunal Supremo tras los últimos informes de la Guardia Civil, que les implican en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y en repartos de comisiones en los que también estaba involucrado el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aunque ambos amenazaron con tirar de la manta, tras una reunión para preparar la estrategia de defensa, tanto el que fuera número tres socialista como su colaborador sopesan no declarar, según trasladan fuentes jurídicas. Por el momento, García Izaguirre ha solicitado al Supremo aplazar su declaración. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su petición, como también ha denegado la personación del Gobierno de Navarra.
Ábalos y García regresan al Supremo para comparecer por segunda vez ante el juez Leopoldo Puente. Ambos lo hicieron hace meses, cuando la causa solamente abarcaba el posible cobro de comisiones en relación a contratos de mascarillas durante la pandemia. Por otra parte, el magistrado también ha imputado a Santos Cerdán y le ha citado a declarar el próximo 30 de junio, además de darle luz verde a la UCO para que investigue su patrimonio. Son los últimos hallazgos de este cuerpo de la Guardia Civil, precisamente, los que han disparado la causa a un nuevo plano. El viernes, a su vez, agentes de la UCO acudieron a la sede socialista, al Ministerio de Transportes, a las instalaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras, con el objetivo de cumplir con los requerimientos judiciales y con la colaboración de todas las partes. En Ferraz y Transportes, los agentes clonaron los correos corporativos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, respectivamente.
620.000 euros, la fecha señalada
La UCO ha puesto sobre la mesa que Ábalos y Koldo actuaron en favor de las constructoras Acciona, LIC y OPR para "la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública", y que eso les habría generado un beneficio económico. En concreto, la UCO apunta en sus páginas que Ábalos y Koldo habrían percibido, presuntamente, 620.000 euros de Acciona, que habrían sido gestionados por Santos Cerdán. Según Koldo, quedarían 450.000 euros pendientes de cobro. Los presuntos contratos amañados recaen en Adif y en la DGC.
Ábalos, por su parte, eligió la Cadena SER para romper su silencio y declaró que se sentía "un gilipollas que había sido utilizado" y "el imbécil de todo esto". "Cerdán y Koldo venían con la corrupción de antes y me penetraron en el Ministerio. Me presionaron para tratar de influir en las contrataciones", declaró también, además de negar reconocerse en las conversaciones grabadas por Koldo. El extitular de Transportes aseguró que declararía ante la justicia.
Todo cambió, sin embargo, este domingo. Después de una reunión de cuatro horas de Ábalos y García Izaguirre para valorar su estrateiga procesal, ante la posibilidad de buscar un acuerdo con la Fiscalía, ambos sopesaron acogerse a su derecho a no declarar y todo apunta en esa dirección. No obstante, la cita concluyó sin cerrar un plan meridianamente claro.
Posible toma de medidas judiciales
El juez del Supremo aprecia en esta causa posibles indicios de delitos de organización criminal y cohecho, que ya pesaban contra Ábalos y Koldo anteriormente junto al tráfico de influencias, y por los que ya tienen en su haber medidas cautelares como la prohibición de salir de España y comparecer ante la justicia quincenalmente. La comparecencia del lunes puede incluso incrementar estas diligencias: según fuentes jurídicas, las acusaciones populares, coordinadas por el PP, se encuentran estudiando si pedirán su endurecimiento, incluso sin descartar la prisión.
El propio juez advirtió a Koldo García, a la vista de que intentaba aplazar su declaración varias veces, que si no comparecía podía ser sancionado con las medidas cautelares que el juez considerase. El exasesor, que en un principio optó por no declarar, ha pedido hasta tres veces cambiar su citación y ha cambiado de abogado a escasos días del procedimiento judicial.
Cerdán, imputado y bajo la lupa
En lo que a Santos Cerdán respecta, además de lo ya expuesto, el juez autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar cuentas y productos bancarios en los que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. Sin embargo, fue negada la petición de entrada y registro en su casa por considerarla "previsible" y que "no es útil en este momento".
Añade que el eventual riesgo de destrucción de pruebas al que la parte solicitante se refiere no se conjuraría de acordarse ahora la diligencia interesada, resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido, desde hace días, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación.
La investigación de cuentas bancarias, tal como solicitó la UCO en su informe, se extiende a cuentas y productos bancarios de cinco empresarios, que además son citados como investigados, y de sus empresas. En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500.
