El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami Democràtic, ha cuestionado este jueves en un auto el que se pueda aplicar la última enmienda a la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont o a los CDR. Esta enmienda pactada por Junts y PSOE da la posibilidad de amnistiar los delitos de terrorismo, “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”.

Tal como ha adelantado ElPaís, en un auto en el que desestima un recurso contra la personación en la causa de dos antidisturbios heridos en 2019, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional considera a ambos víctimas de una acción “incompatible” con el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. De ser así, no se podría aplicar la amnistía ni a los participantes en esas protestas ni al propio Puigdemont.

Además, García-Castellón estima que no se puede descartar “el ánimo homicida” en las graves lesiones que sufrió un policía en una protesta de los CDR en Barcelona contra la sentencia del procés, manifestación que él vincula con Tsunami Democràtic. 

Ve indicios de terrorismo contra el expresidente de la Generalitat en el caso Tsunami y ha hecho ese planteamiento en un auto dictado apenas dos días después de haber salido a la luz la enmienda pactada por PSOE, ERC y Junts a la ley de amnistía para incluir delitos de terrorismo siempre y cuando no hubieran causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.

Del mismo modo, el juez en su escrito trata de estrechar más el cerco a Puigdemont indicando que resulta especialmente llamativo como indicio incriminador la conversación entre el expresidente de la Generalitat y uno de los investigados, Josep Campmajó, en la que el president, según el juez, “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad”.

García-Castellón empezó a investigar a Puigdemont en noviembre

En el mismo orden de cosas, el instructor de la causa de Tsunami ha reconocido que la fecha en la que se comenzó a investigar a Puigdemont “es la del 6 de noviembre de 2023 y que, salvo error u omisión” y que “no consta la existencia de comunicación alguna, ni recibida ni remitida, al Parlamento Europeo”.

Así ha respondido García-Castellón a la pregunta que le había hecho Puigdemont sobre si empezó a investigarlo pese a su condición de aforado, que antes le obligaría a pedir un suplicatorio ante la Eurocámara.

Ante las sospechas de que estaba siendo investigado, Puigdemont pidió hace meses al Parlamento Europeo activar el procedimiento de defensa de su inmunidad, aunque el pasado 2 de octubre le fue denegado porque la Audiencia Nacional aseguró a la Eurocámara que no había “ninguna investigación” contra el catalán.

Ahora, según ha certificado el magistrado, Puigdemont sí que estaba siendo investigado un mes después, desde el 6 de noviembre. García-Castellón le ofreció comparecer voluntariamente como investigado antes de proceder a pedir permiso al Supremo para solicitar el suplicatorio a la Eurocámara.