El Tribunal Supremo certifica la derrota de Almeida y sus Zonas de Bajas Emisiones

El Tribunal Supremo ha rechazado, este martes, el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló parte de la Ordenanza que definía las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La derrota del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a manos de Vox queda certificada por la máxima instancia al no caber recurso. La sentencia del 17 de septiembre de 2024, recurrida por el Consistorio y ahora ya firme, estimaba parcialmente el recurso de la ultraderecha y anulaba diversos artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las ZBE.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó parcialmente la anulación reclamada por los de Santiago Abascal por la insuficiencia del informe de impacto económico sobre el establecimiento de las ZBE. La Justicia entendió que en el proceso de elaboración de la ordenanza no se habían tomado en consideración suficientemente sus consecuencias económicas, derivadas de las restricciones a la circulación que prevé, y apuntó a que se debía haber realizado una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes de las medidas adoptadas y haber valorado la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente.

El informe de impacto ambiental tampoco terminó de convencer al TJSM, que señaló deficiencias. Esta interpretación no fue compartida por el Ayuntamiento de Almeida, razón por la que se decidió presentar un recurso de casación, pero el Supremo considera que tan solo “refiere una mera discrepancia con el juicio de ponderación efectuado en la resolución recurrida (sobre el informe de impacto económico y el resto de documentación aportada, refiriéndose sustancialmente a cuestiones de hecho y de valoración de la prueba”. Esta discrepancia, apunta el Alto Tribunal, “está excluida de la casación”.

El Ayuntamiento quita peso a la decisión

La decisión del Supremo no parece haber molestado en demasía al Consistorio. El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a cargo de Borja Carabante, defiende que la sentencia ni siquiera tendrá efecto, dado que ya ha sido aprobada, hace apenas un mes, una nueva ordenanza referida a la movilidad. Los concejales del Partido Popular (PP), pese a la oposición la extrema derecha, impulsó la nueva normativa, que amplía las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), consolida las Zonas de Bajas Emisiones.

Además, también incluye novedades como la autorización temporal de circulación de los vehículos con etiqueta A que pertenezcan a empadronados en la capital, siempre y cuando cumplan con la directiva de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno. Esta ordenanza fue aprobada dos años después de que el TSJM fallase contra el Ayuntamiento y nación con mucho mayor facilidad que la anterior, aprobada en 2021, gracias a la mayoría de la que disfrutan los de Almeida desde las elecciones de 2023.

Carabante confía ahora que no se pueda tumbar la nueva ordenanza, pues se ha realizado un nuevo análisis económico basado en los informes de la empresa pública INECO (Ingeniería y Economía del Transporte). El nuevo texto amplía las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado con 60.000 plazas, lo que permitirá llegar a más barrios distritos. Estas SER (parquímetros y zonas verdes) pretende funcionar "no sólo como un instrumento que regula la oferta y la demanda sino también como el principal para proteger al vecino cuando hay una importante presión de la demanda sobre la oferta de estacionamiento".

Además, la nueva ordenanza suma la posibilidad de ampliar el horario y los días de aplicación en zonas con gran demanda de aparcamiento. De esta forma, la Junta de Gobierno podrá acordar un horario extendido más allá de las 21 horas de lunes a viernes no festivos y desde las 15 horas los sábados, así como en domingos y festivos. Este horario, explican desde el Ayuntamiento, se mantendrá mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justificó su establecimiento.

La medida, defiende el Consistorio, responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de aparcamiento para residentes en barrios, pero también supone establecer aparcamiento de pago allí donde ahora es gratuito. No obstante, desde el Ayuntamiento de Madrid asegura que su establecimiento deberá ser a solicitud de los vecinos, aunque en Puente de Vallecas se han implantado pese al rechazo de la mayoría de los barrios.