El Tribunal de Cuentas ha decidido no suspender el juicio contable abierto contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y otra treintena de cargos entre los que se encuentran Oriol Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa por el desvío de más de tres millones de euros para sufragar los gastos derivados del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017, tal y como habían solicitado las defensas.

Las defensas habían solicitado la suspensión del juicio debido a la futura aprobación de la ley de amnistía, ya que afectaría a esta rama del procés. Sin embargo, la consejera Elena Hernáez, con el respaldo de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana (SCC), que también ejerce la acusación en este procedimiento, ha decidido seguir adelante con la jornada, que apenas ha durado una hora y media donde han declarado tres testigos. Estaba prevista también para este viernes la declaración por videoconferencia de Puigdemont, pero según ha explicado su letrado, Gonzalo Boye, no ha acudido a declarar porque “tenía un viaje” de trabajo en su condición de eurodiputado.

Preguntado por si Puigdemont se negaba a declarar, el letrado ha afirmado, ya al término de la jornada, que no, que Carles Puigdemont ha declarado siempre que ha sido citado, pero que este viernes le ha sido imposible hacerlo por motivos de trabajo. Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, ha aseverado a la salida de la sala que  "A pesar del Gobierno, la vista se ha celebrado. La única cuestión que ha llamado la atención es que se intente suspender la vista porque Puigdemont no esté en España. Si hubiera querido prestar declaración lo hubiera podido hacer en territorio nacional"

En cuanto a la posible suspensión, aunque este viernes la consejera se ha negado y proseguido con lo previsto, sí que ha dejado en el aire si finalmente suspenderá el proceso a la espera de la aprobación de la ley de amnistía. Así, la consejera Elena Hernáez ha asegurado que aunque en el "momento presente" no cabía la suspensión del juicio, sí que va a resolver "lo más breve posible” sobre este extremo, abriendo así la posibilidad de suspender el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas.

En cuanto al criterio de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público ha aseverado que "Estamos en un procedimiento civil. La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro", y ha recordado que, aunque es verdad que la ley se está tramitando, ésta aun no ha sido aprobada y pubicada en el BOE.

Las declaraciones

La primera en declarar ha sido la Interventora de la Administración del Estado en Cataluña en el momento de los hechos, María Luisa Lamela quien ha mantenido un tira y afloja con el abogado de Puigdemont, ya que Boye le ha preguntado por las declaraciones del exministro Cristóbal Montoro en 2018 en las que aseguró que no se había utilizado ni un euro de dinero público. Lamela le ha contestado que, "ni el ministro me lo dijo a mi ni yo se lo pude decir al ministro. Yo no tenía capacidad ni competencia para controlar los gastos".

Tras Lamela ha sido el turno de Antonio Millet Abbad, quien ha hablado sobre el organismos de la diplomacia catalana, Diplocat. Millet ha narrado lo que se hizo en Diplocat después de que se aplicara el 155 en Cataluña ha negado que recibiera apercibimiento alguno del Tribunal Constitucional en relación a su actividad. El último testigo del día en este juicio derivado del proceso independentista ha sido el exdirector general de Asuntos Europeos y Mediterráneos de la Generalitat de Catalunya Alfonso González Bondia quien ha explicado los informes que le encargaron desde el Diplocat.