La eutanasia es un derecho reconocido en España desde 2021, pero no todos los pacientes que la solicitan llegan a ejercerlo sin antes pasar por un litigio que agrava, todavía más, su sufrimiento. Su aprobación se encontró el rechazo de una parte del espectro conservador de la sociedad, que han instrumentalizado asociaciones ultracatólicas como Abogados Cristianos o HazteOir para combatirla, tanto ideológicamente en sus discursos, como efectivamente en los tribunales.
Su militancia en contra del derecho a morir dignamente no se queda en las palabras, y en ocasiones se dedica a explotar el dolor de las familias para conseguir atrasarlo. El Tribunal Supremo decide esta semana sobre el último de los dos casos en los que padres han recurrido la eutanasia de sus hijos bajo la representación de estas asociaciones, a pesar de que esta contara con el aval de los médicos, que es lo que exige la ley, consiguiendo paralizarlas hasta que se resolviera el litigio.
Se trata del caso de Francesc, un barcelonés de 56 años que lleva esperando por una muerte digna —que los médicos aprueban— desde 2024, cuando su padre, a través de un abogado, la recurrió. La resolución, que el Alto Tribunal aborda esta semana, sentará jurisprudencia sobre el vacío legal que tiene la ley de 2021, que no decide sobre el derecho de los progenitores a jugar un papel en el ejercicio de un derecho por parte de sus hijos.
Ese es el debate que abre el Supremo, el de si el parentesco es suficiente para impedir ejercer el derecho a la eutanasia. Hasta ahora, todos los tribunales han decidido a favor de Francesc y de Noelia Castillo, el primer caso de este tipo y el que puso el debate en el foco mediático en marzo, cuando pudo morir un año y medio después de que sus padres y Abogados Cristianos recurrieran la eutanasia.
El pretexto de los progenitores, que aprovechan estas asociaciones, es el de la incapacidad de los pacientes para decidir sobre su situación, la capacidad de obrar. Para ello, recurren al parentesco como vínculo para obtener una tutela sobre ellos. Los dos solicitantes, ambos mayores de edad, han recibido el apoyo de todas las instancias de la Justicia que ha abordado los casos.
El 'caso Noelia' y el debate sobre la aplicación de la eutanasia
Ahora, el Supremo buscará que Francesc, el segundo caso en cinco años en los que los ultras han conseguido atrasar la aplicación de este derecho, no tenga que alargar más su sufrimiento y, sobre todo, sentar jurisprudencia para evitar sumar más nombres en el futuro. Si, como se espera, el Alto Tribunal decide a favor del barcelonés, ningún paciente que solicite morir dignamente tendrá que ver como la palabra de otra persona se impone a sus derechos, mientras todos los médicos y tribunales les dan la razón.
Este fue el caso de Noelia, también barcelonesa de 24 años que sobrevivió a un intento de suicidio, tras años de abusos domésticos y agresiones sexuales y un cuadro psiquiátrico complejo, pero que quedó parapléjica. Tras dos años ingresada, Noelia pidió la eutanasia en 2024, la cual se debía realizar ese 2 de agosto tras aprobarla la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano independiente formado por juristas y médicos creado por ley para decidir si los pacientes cumplen lo que recoge la ley.
Sin embargo, el padre de Noelia, asesorado por Abogados Cristianos, paralizó su muerte al alegar la incapacidad de su hija de decidir por su salud mental. Esto inició un litigio que pasó por los juzgados de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el propio Supremo, el Tribunal Constitucional, hasta llegar a Estrasburgo, donde como hicieron todas las anteriores, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el recurso.
Finalmente, Noelia pudo morir el pasado 26 de marzo, algo que hizo en su habitación del Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, siguiendo el procedimiento que recoge la ley y respetandose su decisión de que nadie estuviera presente en el momento.
España fue el cuarto país de Europa en reconocer el derecho a "recibir la ayuda necesaria para morir". El procedimiento, cubierto por la Seguridad Social, exige en primer que el solicitante sea mayor de edad y esté en pleno uso de sus facultades mentales. El derecho a la eutanasia lo pueden pedir aquellos que padezcan una enfermedad grave e incurable "sin posibilidad de alivio", algo que se determina por un informe médico, y que debe alegar el paciente en dos solicitudes con quince días entre una y otra, lo que garantiza la firmeza de la decisión.
Antes de que el Supremo aborde el segundo caso en el que un solicitante está teniendo que esperar mientras su familia recurre, ya había habido otras iniciativas para limitar el tiempo de espera para recibir la eutanasia. Esto es lo que pidió el Parlament de Catalunya, que elevó al Congreso de los Diputados una petición para reformar la ley de eutanasia y evitar que casos como el de Noelia y el de Francesc se alarguen tanto.
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