El Tribunal Supremo ha dado un plazo de diez días al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que explique si está dando cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en el que instaba a revertir el nombramiento de los jueces Enrique López (recusado en el caso Gürtel por su proximidad al PP) y Eloy Velasco para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

El CGPJ designó a López y Velasco para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional teniendo en cuenta dos cursos realizados hacía tiempo y de menor entidad que la de otros aspirantes. En este sentido, y tras la denuncia interpuesta por dos magistrados -Manuela Fernández Prado y Carlos Valle-los juzgados estimaron la petición.

Fueron nombrados, entonces, la jueza de corte progresista Fernández Prado y al magistrado conservador Ángel Hurtado, quien fuera presidente del Tribunal que juzgó la primera etapa de la Gürtel e incluso ayudó a Mariano Rajoy durante su testimonio.

No obstante, el CGPJ maniobró para colocar a López, y a Velasco. Les mantuvo en la Sala de Apelación acompañando a los dos nuevos magistrados. Esta decisión causó indignación en varias asociaciones judiciales.

En este sentido, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria presentó un escrito ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado en el que denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incumplido la normativa al respecto porque no les facilitó documentación sobre el nombramiento como adscritos a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de los magistrados Eloy Velasco y Enrique López.

El órgano de Gobierno de los jueces asegura que ya les ha hecho entrega de todo el material que reclamaban.

Para la asociación, el CGPJ "se niega a facilitar una información tan sensible y de tal envergadura" para dificultar así que recurran por vía administrativa y/o contenciosa contra aquella decisión de mantener a López y a Velasco adscritos a la Sala de Apelaciones y así se lo ha hecho saber al Consejo de Transparencia.

Además, insta a este organismo público independiente a dar traslado al Defensor del Pueblo "para evitar así" tener que litigar. En todo caso, avanzan que van a "recurrir a todas las vías posibles y necesarias para acabar de una vez" con lo que, aseguran, es una "discrecionalidad y arbitrariedad en los nombramientos de los cargos judiciales".