Estos son los siete jueces del Supremo que tienen en sus manos el futuro del fiscal

Siete jueces, un caso explosivo y una decisión que puede redefinir la relación entre Fiscalía y Poder Judicial. Ese es el escenario en el que se mueve ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un espacio donde cada resolución tiene eco político, jurídico e institucional. Sobre la mesa está el futuro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y, con él, la interpretación misma de los límites que debe respetar quien dirige el Ministerio Público. La pregunta que deliberan estos siete magistrados —si García Ortiz actuó dentro de la ley o si, por el contrario, abusó de su posición al difundir información procedente de una investigación— no solo afectará a un cargo, sino al modelo de control y autonomía que rige la arquitectura judicial española.

Pero para comprender el alcance de lo que está por resolverse, antes hay que empezar por ellos: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Ana Ferrer.

La tensión que rodea al proceso ha sido alimentada por semanas de declaraciones cruzadas, testificales de agentes de la UCO y un clima político que interpreta cada matiz como un movimiento tectónico. El propio García Ortiz defendió que su decisión de hacer pública aquella nota informativa fue “estrictamente profesional”, mientras que las acusaciones insisten en que la Fiscalía no actuó con la neutralidad exigible.

Entre unas versiones y otras, estos siete magistrados se han convertido en el único punto firme de un proceso en el que cada gesto —un informe, una pregunta, un silencio— se analiza con lupa. Su papel no es menor: deben emitir un fallo capaz de sostenerse jurídicamente bajo la presión del escrutinio público. Por eso, importa conocer quiénes son. Qué trayectoria traen, cómo han ascendido hasta el vértice de la jurisdicción penal, qué resoluciones han firmado y qué sensibilidad jurídica ha marcado su carrera. Porque no solo van a dictar una sentencia: van a fijar un criterio que condicionará el equilibrio entre instituciones en los próximos años.

Manuel Marchena

Manuel Marchena (66 años) es uno de los nombres más reconocibles del Supremo. Fiscal de carrera, llegó al Alto Tribunal en 2007, en un CGPJ con mayoría forjada durante los gobiernos de José María Aznar. Presidió la Sala Segunda durante una década y dirigió procedimientos de enorme visibilidad, entre ellos el juicio del ‘procés’ (2019).

No milita en asociaciones judiciales, pero su ubicación en el ala conservadora se ha dado por asumida durante años, hasta el punto de que el PP lo promovió en 2013 para presidir el CGPJ —una operación que naufragó— y volvió a pactarlo con el PSOE en 2018. Aquel acuerdo saltó por los aires tras el célebre WhatsApp del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que con Marchena al frente “el PP controlaría por detrás la Sala Segunda”. Marchena renunció, alegando defensa de la imagen de independencia del Supremo.

Su ascendencia en la Sala de lo Penal ha sido y sigue siendo notable. Además del ‘procés’, ha intervenido en piezas clave de Gürtel y en causas de fuerte impacto institucional. Críticas y elogios le han llegado a partes iguales por decisiones controvertidas y por su perfil de magistrado meticuloso y poco dado a declaraciones. Aunque dejó la presidencia de la Sala en diciembre de 2024, se le atribuye aún peso interno en la dinámica del tribunal.

Andrés Martínez Arrieta

Andrés Martínez Arrieta (70 años), presidente de la Sala de lo Penal, es el número uno del escalafón y uno de los magistrados con carrera más temprana en el Supremo: ingresó en 1998, con 43 años, en pleno primer Gobierno de Aznar. Participó en la fundación de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de corte moderado y composición mayoritariamente conservadora. Aunque cultiva una imagen de mesura e independencia, su reciente elección para presidir la Sala se materializó con el apoyo del sector conservador del CGPJ, en detrimento de la candidata progresista Ana Ferrer.

Ha intervenido en decisiones de alto voltaje institucional. En 2012 formó parte del tribunal que inhabilitó a Baltasar Garzón por las escuchas ordenadas en prisión a acusados de Gürtel, fallo unánime y polémico por sus implicaciones sobre la lucha contra la corrupción. También integró el tribunal del ‘procés’ (2019) que condenó por sedición a los líderes independentistas. Además, por designación del CGPJ, ha participado en la supervisión judicial de las actividades del CNI, indicio del alto grado de confianza institucional que concita su figura.

Su estilo es el del magistrado templado, reacio a la exposición pública, que evita maximalismos y fomenta consensos. Sin embargo, su trayectoria de nombramientos y apoyos refleja una sintonía estructural con el bloque conservador que domina la Sala desde hace años.

Carmen Lamela

Carmen Lamela (64 años) dio el salto del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional al Supremo en 2018, en una promoción respaldada por la mayoría conservadora del CGPJ durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin adscripción asociativa, sus resoluciones más conocidas se alinean con una línea punitiva en terrorismo y secesión, lo que le ha granjeado apoyos en ámbitos cercanos al PP. Un dato simbólico: el 2 de octubre de 2017, días antes de encargarse de las primeras diligencias contra el Govern cesado, recibió la medalla al mérito policial de manos del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

Su instrucción se recuerda por la prisión preventiva de miembros del Govern y de los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en 2017, una decisión aplaudida por sectores conservadores y cuestionada por desproporcionada en otros foros. Lamela también elevó al tipo de terrorismo la agresión de Alsasua (2016) contra dos guardias civiles y sus parejas, encarcelando a siete jóvenes de manera preventiva; la Audiencia terminaría descartando el terrorismo y condenando por delitos comunes de lesiones y desórdenes.

Otro episodio que la marcó fue el caso Sandro Rosell. En 2017 ordenó su ingreso en prisión por presunto blanqueo y mantuvo la medida casi dos años. En 2019, el exdirigente del Barça fue absuelto, lo que abrió un amplio debate sobre el abuso de la prisión provisional en instrucción. Estas decisiones proyectaron la imagen de una magistrada rígida en riesgos procesales y contundente frente a delitos de orden público, características valoradas por el entorno conservador.

Juan Ramón Berdugo

Juan Ramón Berdugo (71 años) es uno de los decanos de la Sala Segunda: llegó en 2004, con un CGPJ de mayoría conservadora ligado al último Gobierno de Aznar. Vinculado a la APM, su trayectoria ha contribuido a consolidar la hegemonía conservadora en la Sala durante los últimos lustros.

Su firma aparece en fallos muy controvertidos en materia de libertad de expresión y en causas con aristas políticas. En 2017, integró el tribunal que condenó al músico César Strawberry (Def Con Dos) por enaltecimiento del terrorismo debido a unos tuits; en 2020, el Tribunal Constitucional anuló esa condena por vulnerar la libertad de expresión. Fue también ponente del auto que, en febrero de 2024, procesó a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, una calificación que generó fuertes reservas y que no prosperó: la investigación terminaría archivada sin juicio.

En el capítulo de corrupción, Berdugo desempeñó un papel relevante en Gürtel: como ponente de la sentencia del Supremo de 2020, confirmó la mayor parte de las condenas y la responsabilidad a título lucrativo del PP. En etapas previas, no obstante, integró la Sala que apartó en 2017 al magistrado José Ricardo de Prada del tribunal de apelación, movimiento interpretado como un intento de rebajar la dureza de la resolución inicial. Su perfil, firme en el orden público y en tesis restrictivas de libertades en ciertos casos, le sitúa en el corazón del bloque conservador.

Antonio del Moral

Antonio del Moral (66 años), también de origen fiscal, ingresó en el Supremo en 2012 durante la presidencia de Carlos Dívar y en una plaza para juristas de reconocida competencia. De perfil conservador y católico practicante, su pertenencia al Opus Dei es pública y forma parte de la APM, la asociación mayoritaria entre jueces de esa sensibilidad. Sin ocupar cargos políticos, su entorno ideológico lo sitúa cercano a las tesis del Partido Popular.

Su hoja de servicios acumula polémicas. Fue ponente del auto de archivo (2016) de la causa contra María José García-Pelayo, exalcaldesa de Jerez y diputada del PP, investigada en una pieza de Gürtel. Contra el criterio de la Fiscalía, el tribunal cerró el caso con el controvertido argumento de que la regidora “no sabía lo que firmaba” en contratos amañados, lo que le evitó el banquillo. En 2014, integró el tribunal que anuló una condena a un policía en un asunto de narcotráfico vinculado a Schola Iuris, centro en el que Del Moral impartía clases, extremo que desató críticas por posible conflicto de intereses.

Del Moral ha mostrado, además, una postura beligerante con algunas reformas del Gobierno: fue el único magistrado del Supremo que secundó la huelga de jueces y fiscales de junio de 2023. Entre colegas se le reconoce la solidez técnica de sus votos, a menudo con posiciones garantistas en lo procesal, pero su trayectoria refleja decisiones que han beneficiado a figuras del PP y una afinidad ideológica clara.

Susana Polo

Susana Polo (65 años) es una de las dos magistradas del tribunal y, junto con Ana Ferrer, la voz de sensibilidad progresista. Llegó al Supremo en 2018 tras un pacto en el CGPJ que, a la vez, impulsó los nombramientos de dos magistrados de perfil conservador (entre ellos, Carmen Lamela). Perteneciente a Juezas y Jueces para la Democracia, ha desarrollado una carrera discreta y técnica, especialmente en el TSJ de Madrid.

Paradójicamente, ha sido pieza clave en el arranque de este caso: fue la ponente del auto de admisión que abrió el proceso contra García Ortiz, convirtiéndose en la primera juez en encausar a un fiscal general en ejercicio. Según se deslizó en su día en ámbitos jurídicos, mantuvo dudas durante la deliberación, pero se sumó finalmente a una decisión unánime. Ese gesto subraya su perfil de jurista institucional: incluso desde posiciones progresistas, prioriza el procedimiento y el debate jurídico.

Su hoja de servicio incluye episodios controvertidos. En 2014, instruyó una causa contra el juez Elpidio Silva por la filtración de correos de Miguel Blesa (Caja Madrid). En aquel contexto, dictó un auto en el que sostenía que los e-mails corporativos divulgados afectaban a la intimidad de Blesa, intentando blindar ese material. A la postre, aquellos correos sacaron a la luz indicios de corrupción financiera —como las tarjetas ‘black’— y derivaron en otras responsabilidades. El episodio dejó a Polo expuesta a críticas de quienes vieron en esa posición una sobreprotección del poder económico, aunque también hubo quien la interpretó como una defensa técnica de derechos fundamentales. En el caso ERE, firmó junto con Ana Ferrer un voto particular de corte garantista que cuestionaba aspectos de la malversación atribuida a José Antonio Griñán, mostrando independencia respecto a sensibilidades partidistas.

Ana Ferrer

Ana María Ferrer (66 años) es la magistrada de perfil más abiertamente progresista del tribunal y pionera en la Sala Segunda: en 2014 se convirtió en la primera mujer en integrarla. Procede de Juezas y Jueces para la Democracia y presidió la Audiencia Provincial de Madrid antes de su nombramiento. Participó en el juicio del ‘procés’ (2019) y, ya en el Supremo, se ha distinguido por su defensa de la igualdad en la Justicia y su crítica a las injerencias políticas en los nombramientos.

Su trayectoria reciente estuvo marcada por su candidatura a la presidencia de la Sala de lo Penal (2023-2024). La aspiración, que la habría convertido en la primera mujer al frente de la Sala, encalló por el veto de los vocales conservadores del CGPJ. Finalmente retiró su candidatura, denunciando en una carta el peso de los “vetos ideológicos” frente a los principios de mérito, capacidad y paridad. Aquella controversia evidenció las tensiones en el gobierno de los jueces y la resistencia a su promoción en determinados sectores.

En lo jurisdiccional, Ferrer ha sido una voz respetada y minoritaria en una Sala de mayoría conservadora. Junto a Susana Polo, firmó el ya citado voto particular en la pieza ERE, de lectura garantista. En su etapa en Madrid, fue ponente en resoluciones relevantes sobre violencia de género y derechos fundamentales. Su perfil, más alejado de los entornos del PP que otros compañeros, aporta contrapeso ideológico y una mirada garantista asentada en sólida técnica.