Después de que la Audiencia de Palma de Mallorca rechazase hace un año el recurso presentado contra el procesamiento del presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), este jueves la Sección Primera de la Audiencia Provincial lo ha citado para el próximo 28 de octubre a una audiencia preliminar en el marco del juicio por delito de odio, después de que rompiera imágenes de víctimas del franquismo durante un pleno.

Con esta audiencia se pretende allanar el camino y preparar el juicio y se celebra antes de la vista previa, en la que las partes se vuelven a reunir antes del juicio oral. La asociación Memòria de Mallorca, como parte personada, ha sido notificada de la citación, que permite proseguir con una causa judicial cuya instrucción finalizó en febrero del año pasado.

En el horizonte se dibuja la posibilidad de un acuerdo de conformidad al que se llega en determinados casos. Sin embargo, en el marco de esta investigación parece poco probable, ya que, mientras que Le Senne y la Fiscalía defienden que no se produjo ningún delito, las acusaciones populares piden penas de prisión y la inhabilitación para ostentar cargos públicos. Por ello, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, será la Audiencia Provincial la que deba fijar una fecha para la celebración del juicio oral contra el también líder de Vox en Baleares.

Los hechos se remontan a febrero de 2025, hace ya más de un año, cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por romper una imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, víctimas republicanas fusiladas en 1937, durante el pleno del Parlament en el que se debatía la derogación de la ley de memoria democrática. No obstante, tanto la defensa de Le Senne como la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial. El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo se convirtió en firme.

El PP cierra filas con Le Senne

En línea con todo ello, el pasado 27 de abril, el Partido Popular (PP) tumbaba en la Comisión Constitucional del Senado una iniciativa presentada por ERC que condenaba la actuación del presidente del Parlamento de Baleares al considerar que lo que hizo con esas imágenes suponía un acto de "desprecio" hacia la memoria de las víctimas del franquismo y una "ofensa" a la democracia.

Entre otras cosas, esta moción instaba al Gobierno a reforzar el cumplimiento de la legislación en materia de Memoria Democrática en todas las instituciones del Estado, con especial atención a aquellas comunidades autónomas que impulsen su derogación o modificación.

En la exposición de motivos, ERC sostenía que la destrucción de la fotografía de Picornell durante un debate parlamentario sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear supone un gesto que constituye una "grave vulneración" de los valores democráticos y de los derechos humanos. Asimismo, advertía de que este tipo de actuaciones suponen un "descrédito, desprecio o humillación" hacia las víctimas del franquismo, en referencia a lo recogido en la normativa estatal sobre memoria democrática.

En este sentido, la moción también reclamaba la creación de una comisión de investigación sobre incidentes similares en instituciones públicas que, según la formación, "fomentan la ideología del odio y la extrema derecha". Además, proponía establecer mecanismos de control y supervisión para "asegurar" que ninguna administración pública actúe en contra de los principios recogidos en la legislación de Memoria Democrática ni de "los estándares básicos de respeto y dignidad" institucional. El texto incluía igualmente la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a combatir "la intolerancia y promover la inclusión, el respeto y la convivencia democrática en el conjunto de la sociedad".

Por otra parte, la iniciativa incluía también una enmienda del grupo socialista que insta "reconocer" el trabajo desarrollado hasta ahora por el Ejecutivo en materia de memoria democrática y suprimir el punto relativo a la creación de una comisión de investigación sobre hechos similares.

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