El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, ha acordado sentar en el banquillo al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), acusado de delito de odio por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo mientras se debatía la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) también ha informado de que la resolución solicita 40.000 euros al ultraderechista para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivar del proceso.
El miembro del partido de extrema derecha se enfrenta un proceso en el que los denunciantes y las acusaciones populares personadas reclaman un año y cuatro meses de prisión, así como once años de inhabilitación. Tanto la Fiscalía como Le Senn habían solicitado el archivo, alegando que su comportamiento no desbordó los límites de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político, pero el magistrado ha rechazado la petición. El órgano competente para juzgar los hechos, tal y como recoge el auto, será un Juzgado de lo Penal.
El tribunal deberá dilucidar si existe delito de odio en los actos del ultraderechista, que rajó fotografías de Aurora Picornell y las Roges del Molinar durante un pleno. “El ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las Roges del Molinar”, recogía el auto anterior, en el que el juez decidía continuar con las diligencias y ampliar la investigación.
El odio del president del Parlament no se limitó a esta actuación y meses después expulsó de un pleno autonómico la vicepresidenta segunda y a la secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, respectivamente, por lucir camisetas con la imagen de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, mientras se encontraban en los asientos reservados para sus responsabilidades durante el debate de enmiendas a la totalidad a la derogación de la ley de memoria, iniciativa que ya había propiciado el primer posible delito.
Ahora, el juez solicita a Le Senne que informe al Parlament Balear de la apertura de juicio oral y seguirá los pasos de Maria Antònia, primera dirigente de la cámara balear que se sentó en el banquillo. Miembro del partido liberal y nacionalista Unió Malloquina, la que fuera presidenta fue juzgada por varios casos de corrupción y, a diferencia del miembro de Vox, anunció su dimisión antes del comienzo de los juicios, que terminaron con once años y medio de cárcel para la acusada.
Le Senne niega el delito y el PP se cruza de brazos
El presidente del Parlament ha reaccionado rápido y ha asegurado que colaborará con la Justicia en el acto de juicio para "despejar toda duda de que no cometió ningún delito". En un escueto comunicado tras dictarse apertura de juicio oral, Le Senne se ha excusado en que sigue amparado por la presunción de inocencia y ha insistido en que aquel 18 de junio "únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie". La segunda autoridad de las Islas ha añadido que sigue pendiente de resolverse el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial, al que el fiscal se ha adherido.
Así, parece claro que el ultraderechista no va a dimitir y la posibilidad de su expulsión pasa por la actuación del Partido Popular (PP) y su presidenta autonómica, Marga Prohens. Los conservadores, en el Gobierno gracias a Vox, por el momento no se han pronunciado y mantienen la estrategia de hacerse los suecos que eligieron desde el primer momento. Desde la oposición, el PSOE Balear (PSIB) piden a la baronesa popular que actúe si la dimisión no llega “inmediatamente”.
"Hoy es un día negro para Baleares y para la democracia en su conjunto. Nunca nadie había degradado la imagen del Parlament como lo está haciendo en estos momentos su presidente, arropado por el PP", ha señalado el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, desde la cámara.
