"Hoy es un día para celebrar". Así ha reaccionado Sarah Santaolalla al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que acuerda medidas cautelares frente a Vito Zopellari Quiles después de meses de batalla judicial. La Sección 29ª de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso presentado por la analista política y ha revocado la decisión del juzgado que había rechazado inicialmente las medidas de protección que solicitaba. La resolución establece una orden de alejamiento menos de 500 metros, limitada al domicilio de la analista política, y prohíbe al agitador contactar con ella mediante llamadas y mensajes fuera del ámbito profesional. Las medidas se mantendrán hasta que se practiquen las declaraciones de los testigos propuestas por la denunciante.
Pero la decisión de la Audiencia va más allá de acordar estas medidas cautelares. En otro recurso resuelto el mismo día, el tribunal estima la impugnación contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones y ordena que continúe la investigación. Los magistrados consideran que no está descartada la relevancia penal de los hechos denunciados y señalan que existen indicios criminales que deben ser investigados por un posible delito de coacciones o por un delito del artículo 172 ter del Código Penal, relativo al acoso.
Es precisamente esta resolución la que Santaolalla ha recibido como un punto de inflexión después de lo que describe como un año de calvario. "Hoy la Justicia le ha dicho al acosador de Vito Zopellari Quiles que no puede filtrar direcciones, que no puede acercarse a casas ajenas, que no puede hacer guardias a las puertas de mi casa", ha afirmado. La analista sostiene que todo lo que ha vivido durante este tiempo "empieza y termina con una decisión en la que Vito Zopellari Quiles no puede acercarse a mi casa". "No esperaba menos de una Justicia que entiendo que tiene que proteger a las víctimas", ha añadido, en declaraciones a este medio.
Santaolalla también ha querido situar la resolución en el debate sobre las denuncias de mujeres. "Y esto también es un golpe para todos aquellos que siempre hablan de denuncias falsas de mujeres", ha señalado. Después, ha resumido su interpretación del proceso en una frase que condensa su reacción: "Aquí tenemos un procedimiento real, un calvario real y un acosador real". A partir de ahí, ha reivindicado la vía judicial como el camino para quienes se encuentren en situaciones que consideren de acoso: "Todo esto es simplemente el buen camino que hay que iniciar, que hay que seguir, que hay que pelear, que hay que batallar".
"Hay que denunciar a los acosadores, por mucho que nos pongan en duda, por mucho que nos cuestionen y por mucho que nos golpee a veces la sociedad y a veces la propia Justicia", ha continuado. Sus palabras llegan después de una resolución que, aunque acuerda medidas de protección, establece expresamente que deben ser proporcionales y tener en cuenta también los derechos fundamentales del investigado.
De hecho, este es uno de los aspectos que más espacio ocupa en el razonamiento de la Audiencia. Los magistrados señalan que la reiteración de actos respecto de la denunciante, conforme a lo denunciado, "funda un riesgo objetivo", aunque de menor intensidad por el tiempo transcurrido sin nuevos incidentes. El tribunal precisa que habían pasado seis meses desde los hechos y que, al tiempo de las alegaciones del recurso, formuladas a finales de mayo, no constaba ningún nuevo incidente. Esa circunstancia es tenida en cuenta para determinar la duración de las medidas.
La Audiencia también analiza la situación profesional de ambos. Quiles trabaja como informador de actualidad política y Santaolalla como analista política en RTVE, por lo que pueden coincidir en actos públicos, ruedas de prensa o espacios vinculados a la actividad política. Por ese motivo, los magistrados descartan una orden de alejamiento genérica que pudiera impedir al investigado ejercer su profesión en esos espacios. Consideran más adecuada una prohibición limitada al ámbito privado de la denunciante, concretamente su domicilio, y una prohibición de contacto mediante llamadas y mensajes fuera del ámbito profesional.
La propia Santaolalla ha incidido precisamente en la dimensión privada de la medida. "No se puede ir a la casa de una persona, no se puede estar haciendo guardias en una casa, no se puede filtrar la dirección de una persona que es una simple periodista, que no tiene ningún cargo público", ha defendido. La resolución judicial, no obstante, no entra a declarar probadas esas afirmaciones como hechos ni establece una condena: se trata de una decisión cautelar adoptada mientras continúa la investigación.
La analista también ha querido compartir el protagonismo de la resolución con quienes la han acompañado durante el procedimiento. "Hoy estoy profundamente contenta, orgullosa, agradecida a mis abogados, al equipo que me representa, a todas las personas que durante todo este tiempo me han respaldado, me han ayudado, me han sujetado y me han creído", ha afirmado.
Y ha terminado poniendo el foco en otras mujeres que puedan encontrarse en situaciones similares. "Estoy contenta porque esto abre paso y camino a que mujeres que quieren denunciar a acosadores, a maltratadores, a agresores, no tengan miedo de hacerlo porque a veces, solo a veces, parece que se puede ver un poco de luz entre tanta oscuridad", ha señalado. "Hoy es un día para celebrar", ha concluido.
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