Análisis jurídicos, vídeos, materiales divulgativos… conforman la base divulgativa de esta acción. Se pueden consultar en la web de RIS y se agrupan en torno a seis áreas de contenido que responden a los principales temas objeto de la reforma.
Como preámbulo, la ONG explica: “Desde RIS llevamos tiempo sumándonos al sentimiento general de indignación ante las políticas de restricción de derechos y libertades del gobierno. Sus reformas no sólo limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia también pretenden controlar y debilitar a los jueces y la acción de la justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia”.
“Los ciudadanos protestan contra las políticas del Gobierno, reclamando que se respeten, protejan y garanticen sus derechos (se manifiestan, organizan escraches, sentadas en bancos contra los desahucios, reclaman por las preferentes...). El Gobierno responde con multas, detenciones y acusaciones, legislando en contra del ciudadano y no para atender sus demandas”, señalan.
Para RIS la razón de esta campaña se debe a que “la Justicia ha reaccionado protegiendo los derechos fundamentales: anula multas, legitima escraches, frena algunos desahucios, da razón en algunos casos de preferentes... Creemos que es necesario conocer y seguir denunciando esta situación".
“La intención es que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda tener acceso a este mensaje e informar a su vez a otros sobre las diferentes reformas del Gobierno”. A continuación señalan los principales problemas de cada reforma legal.
Ley de seguridad ciudadana desproporcionada
“La reforma sanciona actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Permitirá sancionar tanto a quienes hayan organizado y convocado una concentración, como a quienes hayan participado en ella con sanciones desproporcionadas”, explican.
“Evitar pruebas de abusos”
Entre los efectos indican que “se sancionará solidariamente a convocantes y participantes. Pretende impedir que se grabe o se fotografíe a la policía así como que se compartan las imágenes, que han sido hasta ahora las únicas pruebas con las que se han podido denunciar abusos cometidos contra los ciudadanos”.
Reforma del código penal, sin necesidad
Para RIS no hay una necesidad real que obligue a la reforma del código penal en este momento. “Las modificaciones que incluye son desproporcionadas e implican una restricción de derechos de la ciudadanía. Aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son, como es el caso aquellos incluidos en tratados internacionales que obligan a España.Criminaliza la protesta social y pone en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Tasas judiciales se pagan sí o sí
“En 2012 entró en vigor la Ley de Tasas que impone el pago de unas cantidades a toda aquella persona que quiera acudir a los tribunales y recurrir una decisión judicial, menos en los asuntos penales. O se paga o uno se queda sin recurso. El acceso a la justicia quedará reservado a aquellos que tengan medios económicos, pues la cantidad pagada nunca se recuperará, ni siquiera si se gana el caso”.
Abogado de oficio, no siempre
Un trabajador podrá ser representado por un abogado de oficio y no tendrá que pagar tasa, pero si quiere recurrir, entonces sí tendrá que pagar, explican. “Si ese trabajador no tiene familia y gana menos de 12.780 € al año, ya no podrá beneficiarse del abogado de oficio”.
La justicia gratuita para pocos
La ONG aclara sobre la reforma de la justicia gratuita que “a todos los ciudadanos se les sube aproximadamente un 20% el límite de los ingresos por debajo del cual puede pedir asistencia de un abogado de oficio. No se hacen cálculos de los ingresos y gastos, sino que sólo se atiende al nivel de renta en términos brutos”.
“Los más perjudicados son los ciudadanos sin familia porque más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo señalado para los que convivan en pareja, aun sin hijos. Aunque gane menos, tampoco tendrá derecho si tiene “patrimonio suficiente” (no se dice cuánto es suficiente, más allá de no incluir como tal la vivienda habitual)”, dicen.
Enjuiciamiento criminal sin acción popular
Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia RIS que “elimina de facto el derecho a la acción popular para ’evitar abusos’. El caso Noos, #BlesaAlBanquillo o ‛los papeles de Bárcenas‛ han sido iniciativas ciudadanas que han ejercido la acción popular ante la pasividad de la fiscalía Gracias a la acción popular, muchas asociaciones también han denunciado violaciones de derechos humanos, malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o crímenes contra la humanidad”.
La Fiscalía decide
Destaca RIS: “La reforma deja en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación de los delitos. La fiscalía tendría la capacidad de decidir, recibiendo órdenes, si resulta oportuno o no ejercer la acción penal y en contra de quién”.
LOPJ : desconfianza hacia los jueces
La reforma de la Ley orgánica del poder judicial viene motivada en opinión de la ONG “por una desconfianza evidente del Gobierno hacia los jueces porque éstos no han actuado protegiendo los derechos de la ciudadanía (legitimación de escraches, anulación de sentencias contra manifestantes…).Pretende el debilitamiento del Poder Judicial mediante la eliminación de aproximadamente 1.200 jueces sustitutos, que considera innecesarios, a pesar del evidente colapso del sistema judicial.
Acabar con la Justicia Universal
En este aspecto les preocupa lo que supone de “limitación del derecho a la libertad de expresión de las asociaciones de jueces y fiscales y su derecho a participar en la vida pública para que no critiquen decisiones del Gobierno”. No olvidan los juristas de RIS la reforma de la Justicia Universal “implica que los tribunales españoles ni siquiera podrán investigar delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra aunque haya víctimas españolas”.
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