Este martes 27 de julio entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone fin a los cambios introducidos durante el Gobierno del PP que limitaban los plazos de instrucción de las causas judiciales. Y sus efectos ya se han dejado notar en una de las causas más relevantes: el caso Púnica.

El fin de la instrucción estaba fechado imperativamente para el próximo 27 de agosto, sin embargo, esta reforma ha llegado justo a tiempo para que las macrocausas puedan continuar con su instrucción, ya que el nuevo marco legal sitúa en los doce meses el plazo para las instrucciones prorrogables cuantas veces sean necesarias, toda vez que sea el juez quien así lo considere a petición de las partes.

La nueva ley parece clara, pues reza que “será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley”, es decir, que afecta al caso Púnica. No obstante, existen ciertas dudas en la Audiencia Nacional, que deberá pronunciarse.

La representación de la acusación popular ADADE y del PSOE han presentado un escrito este mismo miércoles para que el magistrado se pronuncie sobre el nuevo plazo de instrucción que impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Nadie discutió en su momento que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el Gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente como partido político, por lo que no sería comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, solo por qué no sea del agrado del Partido Popular", recoge la acusación popular en su escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com.

En el documento, la representación de ADADE y PSOE argumenta que se requiere la ampliación del plazo por varios motivos. El primero es que el pasado 2 de septiembre se reestructuró la causa en nueve piezas separadas y aún “no constan formadas las mismas materialmente”: “No existen las piezas como tal”.

Por otro lado, replican que no han tenido acceso a la documentación incautada en “numerosos registros” y no disponen del volcado de ordenados y teléfonos porque "solo se han puesto a disposición de las partes, el día 22 de este mes, una pequeña parte de los mismos".

Además, dicen que no han tenido acceso a la documental de lo incautado al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez ni a conversaciones telefónicas varias.