El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha planteado este lunes amnistiar el delito de malversación en el procés catalán, expresamente, a la que fue la consellera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Dolors Bassa, en una ponencia fijada para el próximo 6 de octubre.
Una ponencia que va en contra de la postura adoptada al respecto por el Tribunal Supremo que pasaban por no conceder la amnistía, tachando “la contradicción de flagrante e insoluble”. De esta manera, podría allanarse el camino al posible regreso del expresident catalán, Carles Puigdemont.
Cabe recordar que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal dictó un auto en julio de 2024 con el que suspendió la aplicación del delito de malversación, afectando así, además de a Bassa, a otros dirigentes de calado del procés, como fueron Oriol Junqueras, Raül Romeva o Jordi Turull, además de Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín; estos últimos tres huyeron hacia Bélgica e imperó sobre ellos una orden de detención nacional.
Así las cosas, la dirección judicataria de Pumpido pasa por rechazar el razonamiento del Supremo al sostener que la ley vigente distinguió de manera evidente la utilización de fondos públicos vinculada a los actos del procés de los casos de corrupción que se encaminaron a un enriquecimiento particular de sus actores.
De esta manera, según el presidente del Constitucional en su ponencia, interpretar que existe un enriquecimiento personal por el hecho de no haber sufragado los gastos de forma personal, lo ha considerado irrelevante la diferencia. La solución favorable a la amnistía sería, según el texto, la única compatible con la lógica de la norma, su finalidad y su origen.
El borrador también ha cuestionado la coherencia entre las distintas resoluciones del propio Supremo. Conde-Pumpido ha apreciado así una “contradicción flagrante e insoluble” entre la sentencia del procés de 2019 y los posteriores autos sobre la amnistía. La sentencia describió el proyecto independentista como una iniciativa que carecía de capacidad efectiva para materializar la independencia, mientras que, al resolver posteriormente sobre la malversación, el Supremo sí tomó en consideración la posibilidad de que aquellas actuaciones pudieran afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.
La ponencia ha expuesto así que ambas afirmaciones no pueden sostenerse simultáneamente sin una justificación suficiente, concluyendo que la interpretación realizada para excluir la malversación de la amnistía se apartó de los límites que deben regir la aplicación de la ley. En el caso concreto de Bassa, el texto aprecia además una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y de su derecho a la participación política, dado que continúa vigente la pena de inhabilitación que le impide acceder a un cargo público.
A ese argumento se suma la resolución dictada este verano por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE). Conde-Pumpido ha aludido al pronunciamiento de Luxemburgo para rechazar que la malversación asociada al procés pueda quedar excluida por haber puesto en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea (UE). La ponencia sostiene que la interpretación europea de ese concepto es incompatible con la empleada por el Supremo para mantener fuera de la ley de amnistía estas conductas.
Respuestas a partir de octubre
De cara al próximo día 6, las sentencias que se deliberarán serán las de Turull y Bassa ante el Pleno del Tribunal de Garantías en regla con lo que rige en la Ley de Amnistía, en regla así con el recurso presentado por la exconsellera. El actual dirigente de Junts había quedado pendiente después de que la mayoría del tribunal rechazara la pasada semana la primera propuesta elaborada por el magistrado conservador José María Macías, contraria a conceder el amparo. Macías rehízo posteriormente su ponencia para adaptarla al criterio mayoritario favorable a aplicar la amnistía a la malversación vinculada al procés.
Lo que resuelva el Constitucional en estos primeros recursos tendrá efectos más allá de Bassa y Turull. El mismo criterio jurídico afectará a las condenas de Junqueras y Raül Romeva y a las causas todavía abiertas contra Puigdemont, Comín y Lluís Puig. En el caso del expresident catalán, cabe recordar que el Alto Tribunal ha mantenido hasta ahora la orden nacional de detención al considerar que la malversación que se le atribuye no se contempla dentro de los márgenes de ley de amnistía.
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