El escrito del fiscal del caso Púnica, Alejandro Cabaleiro, sobre la pieza 9, la que investiga la caja B del PP de Madrid, deja fuera a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero también saca de la causa a otro expresidente, Ignacio González, que en la época investigada ocupaba el cargo de vicepresidente del Gobierno autonómico. Dos son los motivos fundamentales que llevan a Cabaleiro a sacarlo del asunto: por un lado la prescripción debido a la falta de continuidad delictiva y, por otro, la falta de pruebas para procesarle.

En el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el fiscal indica: “Lo primero que ha de destacarse al realizar la valoración jurídico penal de los hechos investigados es que, como se ha analizado anteriormente, no cabe defender la continuidad delictiva electoral”.

El representante del Ministerio Público expone sobre lo anterior que se debe, por una parte, al dilatado lapso temporal entre unas elecciones y otras (4 años en el caso de las autonómicas) y, por otra, a que la única persona directamente vinculada conforme a la documental y pruebas recabadas sería el propio Beltrán Gutiérrez (gerente del PP), dado que el responsable de la campaña a las elecciones autonómicas del 2.007 Ignacio González y a las del 2.011, Francisco Granados.

Por todo, concluye que, así las cosas, y “pese a la existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2.007 lo cierto es que, como consecuencia de la institución de la prescripción, no puede dirigirse el procedimiento frente a ninguno de sus presuntos responsables, incluido, sin duda alguna Ignacio González”.

Una reunión

Desde otra perspectiva, el fiscal resume que ha de hacerse mención a la “reunión” mantenida en la Asamblea de la Comunidad de Madrid por Silvano Corujo, en la que manifestó que, habiendo participado en la misma José Martínez Nicolás, éste le comento con posterioridad que había sido para que “desde diferentes entidades de la Comunidad de Madrid “colaborasen” para sanear las arcas del partido popular madrileño, debiendo de llegar al millón de euros”.

Lógicamente, dice el fiscal, “de considerarse acreditaos los hechos, los mismos serían constitutivos de delito, más del resultado de la instrucción, más allá de que se ha podido acreditar la existencia de la reunión, nada confirma este supuesto contenido”. “Pero más importante aún, a salvo de lo que pueda aportar Guillermo Ortega -ahora colaborador-, lo cierto es que no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos y, por lo que se refiere a la credibilidad del inicial denunciante, lo cierto es que la misma resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo. Por lo expuesto, resulta igualmente procedente interesar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por estos hechos”.

El problema estriba en que el juez instructor, Manuel García-Castellón, se ha negado a darle más tiempo a Ortega para que acceda a la documentación que, según él, guarda en varios dispositivos electrónicos. Ortega asegura que tiene pruebas contra González y Aguirre, pero un problema informático ha impedido que pueda recuperar esa supuesta documentación. Anticorrupción pidió más tiempo para Ortega, pero el juez denegó ese tiempo.

También llama poderosamente la atención que, aunque el 'conseguir' De Pedro trabajó para él haciendo trabajos reputacionales y, como dice el escrito, "tras la instrucción llevada a cabo, ha podido acreditarse la existencia de documentos que evidencian que el mismo tenía conocimiento, al menos, de la existencia y aprobación de los trabajos", el fiscal opine que no hay pruebas suficiente para procesarle. Más teniendoen cuenta que en otras piezazs sí se dice que González sabía del desvío de dinero público.

Y esos trabajos no eran baladíes: "El contenido de los trabajos realizados era única y exclusivamente en beneficio de Ignacio González, pues se efectuaron campañas para contrarestar noticias negativas, así como para eliminar o contrarestar noticias negativas que le afectaban a título personal, como los mensajes lanzados en Twitter por empleados de EICO para contrarrestar las informaciones negativas relativas al ático por el que investiga a Ignacio González, el caso de los espionajes, etc., dirigiendo mensajes contra medios de prensa, la policía, etc..".