Nuevo giro en el caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado se queda sólo en su cruzada por conducir el futuro juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia un jurado popular. Una de las partes de la acusación ha presentado un escrito ante el polémico magistrado en el que consideran que no hay indicios en tres de los cinco delitos que atribuye el instructor a los investigados en la causa. Incluso le solicita el archivo de la investigación contra la asesora de Gómez. Además, el sindicato ultra Manos Limpias le ha requerido que, en caso de apertura de juicio oral, no se produzca ante un jurado popular.
En el escrito, los ultras entienden que es “más razonable” pensar que Cristina Álvarez “asumía las órdenes de quien creía su superior jerárquico” y no que se incrustara en un plan delictivo. Manos Limpias esgrime que en el ordenamiento jurídico español “el cónyuge del Presidente del Gobierno no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial”. En este sentido, asumen “complejo deslindar desde el prisma de la empleada qué labores constituyen asistir a Begoña Gómez en el marco de su nombramiento público y cuáles no”.
El colectivo ultra, que fue el que abrió la causa con su denuncia basada en recortes de prensa con noticias falsas y sesgadas, ahora da marcha atrás y asume que sólo aprecian indicios de los delitos de malversación y tráfico de influencias. No obstante, apuntan que el de prevaricación no es objeto de investigación y nunca puede ser competencia de un jurado popular. De ahí, la petición al juez Peinado para que abandone la de la ley del jurado y que, en virtud de la disparidad de criterios existentes, les separe de la acusación popular unifica que dirige la entidad ultra católica Hazte Oír.
El “despropósito” de Peinado
El escrito del sindicato ultra no ha pasado desapercibido entre los muros del Palacio de La Moncloa. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de “despropósito” la causa contra la esposa del presidente del Gobierno después de trascender la nota remitida por Manos Limpias al instructor, contrariando los deseos de Peinado de elevar la futura causa a un jurado popular.
“Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito”, afirmaba el ministro en un mensaje difundido a través de su perfil oficial en X – antes Twitter -. Bolaños sostiene que la denuncia de los ultras “debió de ser inadmitida el primer día” en virtud de la “doctrina pacífica” del Tribunal Supremo. Sin embargo, dicho dique de contención ni se erigió y provocó una instrucción que linda ya con su segundo aniversario – sin apenas avances – y a escasos meses de la jubilación del juez Peinado.
En este sentido, el responsable del ramo ha denunciado el “daño” que aún produce la investigación, que ya condujo a Sánchez y a Gómez a presentar una querella contra el magistrado por prevaricación. Tal movimiento, sin embargo, se topó con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Con todo ello sobre la mesa, Fiscalía y las defensas de los tres investigados en el proceso han insistido en el archivo del caso, mientras el colectivo ultra se desmarca del resto de acusaciones populares por “divergencia de postulados”, reclamando al instructor que les permita desligarse de la tutela de Hazte Oír, que es quien ejerce la dirección letrada.
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