Las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado llevan meses en el centro del debate político y judicial. Desde que en 2024 abriera la causa en la que investiga a Begoña Gómez, su forma de proceder ha suscitado críticas. La investigación, centrada en supuestas irregularidades vinculadas a actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno de España, ha estado rodeada de decisiones controvertidas que han sido cuestionadas por instancias superiores.
Diversos tribunales superiores han corregido en varias ocasiones al magistrado, señalando deficiencias en sus resoluciones, como sería el caso de la Audiencia de Madrid o el Tribunal Supremo. Algunas de sus decisiones han sido revocadas por falta de argumentación suficiente o por la ausencia de indicios sólidos que justificaran determinadas diligencias. Estas correcciones han alimentado la percepción de que la instrucción se ha desarrollado con debilidades jurídicas, hasta el punto de que algunos autos han sido considerados carentes de base probatoria para sostener una eventual apertura de juicio.
En ese contexto se enmarcan las quejas presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El titular de Justicia ha denunciado tanto el trato recibido durante su declaración como determinadas actuaciones del juez que, a su juicio, podrían vulnerar las normas que rigen el comportamiento judicial.
La comparecencia de Bolaños ante Peinado se produjo en calidad de testigo en la pieza relacionada con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. El magistrado pretendía esclarecer si existieron irregularidades en su designación y funciones. Sin embargo, el desarrollo del interrogatorio generó una fuerte controversia por el tono empleado y la forma en que se condujo la declaración.
Según la queja formal presentada por el ministro, el interrogatorio estuvo marcado por una actitud que considera impropia de la imparcialidad exigible a un juez. Bolaños reprocha a Peinado haber adoptado un tono inquisitivo, con interrupciones constantes, advertencias y una actitud que, en su opinión, desbordaba el marco de un interrogatorio objetivo. El ministro sostiene que el magistrado incurrió en valoraciones improcedentes y que en algunos momentos pareció anticipar conclusiones, lo que, a su juicio, compromete la neutralidad que debe presidir cualquier actuación judicial.
Además del desarrollo del interrogatorio, otro de los ejes centrales de la denuncia se refiere a las filtraciones a la prensa. Bolaños ha puesto en conocimiento del CGPJ la difusión de información relativa a la causa que, según argumenta, debería haber permanecido bajo reserva. Estas filtraciones, sostiene, no solo afectan al derecho a un proceso con garantías, sino que también pueden dañar la reputación de las personas implicadas sin que exista una resolución judicial firme.
En este punto, el Consejo General del Poder Judicial ha dado un paso relevante al decidir que las quejas del ministro no deben archivarse por el momento. La Comisión Permanente del órgano rechazó la propuesta inicial del Promotor de la Acción Disciplinaria, que planteaba cerrar el caso sin consecuencias, y optó por continuar con las diligencias. (RTVE)
Lejos de zanjar el asunto, el CGPJ ha ordenado ampliar la investigación y recabar más información antes de adoptar una decisión definitiva sobre si procede abrir un expediente disciplinario contra el magistrado. Esta decisión, adoptada por unanimidad, implica que el órgano considera que existen elementos suficientes para seguir analizando las actuaciones denunciadas, especialmente en lo relativo al interrogatorio y a la posterior actuación judicial derivada del mismo.
Las críticas al juez Peinado no se limitan al episodio del interrogatorio a Bolaños. En el desarrollo de la causa, también han sido objeto de controversia decisiones como la elevación de determinadas cuestiones al Tribunal Supremo o la interpretación de testimonios, que han sido cuestionadas por su falta de solidez. En algunos casos, instancias superiores han señalado que las conclusiones del magistrado no se apoyaban en pruebas suficientes o que incurrían en interpretaciones discutibles de los hechos.
Este cúmulo de circunstancias ha contribuido a alimentar un clima de desconfianza en torno a la instrucción. Para el Gobierno, las actuaciones del juez forman parte de una dinámica que consideran anómala, mientras que desde otros sectores se defiende la legitimidad de la investigación. En cualquier caso, la intervención del CGPJ introduce un elemento de supervisión que podría tener consecuencias relevantes si se concluye que existieron irregularidades disciplinarias.
En paralelo, la causa sobre Begoña Gómez continúa su curso, aunque marcada por las sucesivas controversias. El desarrollo de este procedimiento se ha convertido en un foco de tensión política, en el que confluyen cuestiones jurídicas y debates sobre el funcionamiento de la justicia. Las quejas de Bolaños, ahora bajo examen, añaden un nuevo capítulo a una investigación que sigue generando titulares y que, previsiblemente, continuará siendo objeto de escrutinio público en los próximos meses.
