Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a través de su abogado Antonio Camacho, ha pedido este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado el archivo del caso en el que se le investiga por cinco delitos y considera que Gómez es víctima de un “ardor acusatorio”. De la misma forma, ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y también ha puesto en el foco los “olvidos” de Peinado en su último auto.
Antonio Camacho ha remarcado que su clienta es víctima de un juicio paralelo y, además, a la petición del archivo del caso se han sumado los otros dos acusados, Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Begoña Gómez, así como Barrabés y Álvares, no han acudido al juzgado este miércoles porque no tenían la obligación, y podían ir solamente sus defensas. Habían sido citados para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables.
Cabe remarcar que la Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa han vuelto a pedir este miércoles al magistrado que archive el caso. Según fuentes jurídicas, los letrados han insistido en que Peinado dé carpetazo a la causa durante la sesión que se ha celebrado este Miércoles Santo, en la que el juez ha trasladado a las partes su decisión de dirigir el caso hacia un jurado popular.
Al tiempo, Vox, que ejerce la acusación popular, ha denunciado "ataques furibundos" de los abogados defensores al juez instructor. En esta línea, otras fuentes jurídicas han señalado que las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente.
El auto del juez Peinado
En su último auto sobre el 'caso Begoña', el juez Peinado argumentaba que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico". Así, señala que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".
A ojos del magistrado, Gómez habría recabado "apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" para "la creación, desarrollo y expansión" de una cátedra universitaria: "Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas", ha agregado.
Por su parte, el abogado de la mujer del presidente reclamó al conocer el contenido del auto dejarlo sin efecto, señalando que los datos con los que el magistrado adujo su resolución son "falaces" o "no tienen la entidad que les da el instructor": "La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno", sostuvo la defensa de Gómez, que también criticó la "redacción confusa" de Peinado.
Bajo este telón de fondo, el juez Peinado insiste en llevar a Gómez a y las partes acusadas ante un jurado popular en caso de llegar a juicio, aunque es un escenario al que se opuso el pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Madrid al estimar un recurso de la defensa de la esposa de Sánchez contra esa decisión. Entonces, los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.
