Las elecciones andaluzas de este domingo han reabierto un escenario político que ya se vivió en 2018, cuando el Partido Popular de Juanma Moreno necesitó por primera vez el apoyo de Vox para llegar a la Junta de Andalucía. Aquel precedente no solo supuso la entrada de la extrema derecha en el Parlamento autonómico, sino también el inicio de una negociación en la que Santiago Abascal intentó marcar perfil ideológico con una batería de exigencias que incluyeron, entre otras, el cierre de la televisión pública andaluza, Canal Sur.
En aquel contexto, Vox emergió con 12 escaños tras las elecciones de diciembre de 2018 y se convirtió en pieza clave para la investidura de Moreno Bonilla. Desde el primer momento, Abascal dejó claro que su apoyo no sería gratuito y situó el debate sobre los medios públicos en el centro de su discurso. El líder de Vox defendió entonces que las televisiones autonómicas eran, en su opinión, "instrumentos de propaganda al servicio del partido", una idea que acompañó con su reivindicación de "levantar alfombras y abrir ventanas" tras décadas de gobiernos socialistas en Andalucía, en referencia directa a la RTVA.
La exigencia llegó a concretarse en una de las condiciones más polémicas de aquella negociación: el cierre de Canal Sur. "Tiene que desaparecer", decía en una entrevista con OkDiario en la que explicaba que el cierre de la cadena estaba en su programa electoral.
Según las posiciones expresadas por Vox en aquellos días, la televisión pública debía esfumarse o, al menos, ser radicalmente transformada por considerarla un medio "al servicio del socialismo". En paralelo, Abascal insistía en que su formación había entrado en el Parlamento para "cambiar las ideas" y no solo para facilitar la formación de un gobierno del PP y Ciudadanos. Sin embargo, la medida chocaba con la realidad institucional, ya que el cierre de la RTVA requería una reforma del Estatuto de Autonomía y una mayoría parlamentaria reforzada que no existía.
El Partido Popular, con Juanma Moreno al frente, se desmarcó pronto de esa propuesta. El líder andaluz evitó asumir el cierre de Canal Sur como condición de Gobierno y defendió la necesidad de "un nuevo modelo de televisión pública", pero no su eliminación. Esa posición terminó marcando el rumbo de las negociaciones, en las que Vox acabó retirando su exigencia más extrema para facilitar la investidura del dirigente popular. Finalmente, el acuerdo se cerró entre PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de la formación de Abascal, lo que permitió la formación del primer Gobierno de la derecha en Andalucía tras casi cuatro décadas de hegemonía socialista.
Aquel Ejecutivo se constituyó en enero de 2019 y consolidó un nuevo equilibrio político en la comunidad, con Vox ejerciendo una influencia parlamentaria relevante pese a no entrar en el Gobierno. Desde entonces, el partido de Abascal ha mantenido una estrategia de presión constante sobre el PP en distintos ámbitos, utilizando su posición como llave de gobernabilidad en varias comunidades autónomas.
Ocho años después, la situación recuerda inevitablemente a aquel primer pacto de 2018, cuando la extrema derecha intentó condicionar el rumbo de la Junta y situar debates como el futuro de Canal Sur en el centro de la negociación política. La diferencia es que, en esta ocasión, Vox ya no es un actor emergente, sino un socio habitual en la ecuación de poder de la derecha española.
Ahora, con las elecciones de este domingo, el escenario podría volver a repetirse teniendo en cuenta la persecución que Bambú lidera, junto al PP, contra TVE. Por el momento, la televisión pública que ya ha entrado en la ecuación de Vox, aunque no para aniquilarla sino para controlarla, es la de Extremadura.
Según informaba OkDiario, el partido de Abascal reclamó el control de la dirección de los informativos de Canal Extremadura", además de "una vicepresidencia del Gobierno autonómico y dos consejerías" para respaldar a María Guardiola en la creación de un nuevo Gobierno.
Vox daba así un primer paso en sus pretensiones de manejar el relato de las televisiones públicas. Aunque este movimiento supondría el control de un ente de radiotelevisión regional, la formación ya ha lanzado múltiples amenazas en distintas ocasiones a escala nacional, poniendo sobre la mesa sus "lanzallamas", "motosierras" y, recientemente, "bomba atómica".
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