El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación que desde hace casi dos años afecta a Begoña Gómez, ha ordenado una nueva batería de diligencias con el objetivo de buscar indicios de un posible delito de malversación que atribuye tanto a la esposa del presidente del Gobierno como a su asistente en La Moncloa.

Tal y como apunta 'eldiario.es', en un auto fechado el pasado 6 de febrero, el magistrado solicita a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente del Ministerio del Interior, que remita en un plazo “improrrogable de diez días” el registro de todos los vuelos realizados por ambas desde julio de 2018, fecha en la que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Ejecutivo.

La resolución exige además que se concreten “específicamente” los desplazamientos a determinados destinos internacionales, entre ellos República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Repúblicas Rusas.

Peinado también ha reactivado su petición de recabar todos los correos electrónicos de la dirección utilizada en La Moncloa por Begoña Gómez desde la llegada de Sánchez al Gobierno. Esta solicitud ya había sido planteada con anterioridad, pero la Audiencia Provincial le reprochó entonces que no hubiera motivado suficientemente la medida. En su nuevo auto, el juez sostiene que estas diligencias resultan “necesarias e idóneas” para el avance de la investigación y defiende que suponen una actuación “menos gravosa” que el registro del domicilio de la investigada.

Dos años de correcciones a la instrucción

Desde que en abril de 2024 se abrió la causa a raíz de la admisión de la denuncia de Manos Limpias, la instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado no ha dejado de someterse a constantes correcciones por parte de órganos judiciales superiores. A lo largo de 2024 y 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado y anulado reiteradamente decisiones suyas, cuestionando imputaciones, órdenes de registro y otras diligencias por considerarlas mal justificadas o directamente atentatorias contra derechos fundamentales.

Uno de los capítulos más persistentes ha sido el intento de incorporar en la investigación el rescate público de Air Europa, aprobado en plena pandemia para evitar la quiebra de la aerolínea. Peinado ha intentado en varias ocasiones ligar esa operación -un préstamo de 475 millones de euros, similar al concedido a otras empresas consideradas estratégicas- con un presunto trato de favor supuestamente impulsado por Begoña Gómez. No obstante, la Audiencia ha rechazado esa conexión hasta en cinco ocasiones, al entender que la relación propuesta se sustentaba en “meras especulaciones” y en coincidencias personales y temporales que no alcanzan a constituir indicios penales.

En una de las resoluciones más claras, los magistrados expresaron que con los elementos disponibles no existía una base objetiva para indagar sobre ese rescate, más allá de hipótesis que no eran suficientes para sostener una instrucción penal. A pesar de ello, Peinado ha persistido en reabrir esa línea de investigación, incluso ordenando a la UCO que analizara escritos aportados por abogados que no están personados en la causa en un intento por encontrar nuevos elementos que justificaran el avance de esa pieza.

Otro revés importante para el juez llegó en enero de 2025, cuando la Audiencia anuló los registros ordenados por Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés, así como la clonación de sus dispositivos electrónicos. El tribunal estimó que la actuación vulneró de forma injustificada el derecho a la intimidad del investigado, porque se apoyaba únicamente en su relación personal con Gómez y no en indicios sólidos de delito. La resolución fue contundente: además de dejar sin efecto las diligencias, ordenó la destrucción del material incautado y censuró la amplitud y duración de una operación que se prolongó durante dos días completos.

La lista de rectificaciones no se limita a eso, sino que incluye también la revocación de varias imputaciones dictadas por Peinado. En mayo de 2025, la Audiencia dejó sin efecto la condición de investigados del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes. En ambos casos, los magistrados consideraron que las decisiones del juez no se apoyaban en hechos concretos que justificaran una acusación penal, sino que se basaban en interpretaciones forzadas de declaraciones y actuaciones administrativas.