Con el telón de fondo de la sentencia que emitió el Tribunal Supremo en contra del ex fiscal general de Estado Álvaro García Ortiz con la que lo condenaba a dos años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros por el delito de revelación de secretos, más de 150 juristas, así como el exmagistrado Baltasar Garzón y la exmagistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han firmado un manifiesto en contra de la sentencia del Alto Tribunal alegando que esta se apoya en “conjeturas basadas en hechos indirectos”.
A través de este manifiesto, los firmantes han puesto de relieve que "el propio tribunal admite que no está acreditado" que fuera García Ortiz quien filtrara a los medios de comunicación el correo electrónico en el que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía dos delitos fiscales. Además, denuncian que "la construcción de la prueba indiciaria elaborada por el Tribunal Supremo es deficiente, al no aceptar la clara alternativa existente favorable al fiscal general". En esta línea, quienes han firmado el manifiesto subrayan que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones", sino que "es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".
Por todo ello, defienden que “la sentencia prescinde del valor” de los testimonios de los periodistas que negaron "categóricamente" que el ex fiscal general fuera la fuente que les remitió esta información, por lo que añaden que este hecho "invalida" el secreto profesional, "una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo", según el manifiesto.
“Mera sospecha”
En este mismo orden de cosas, los juristas que han firmado dicho manifiesto han puesto también énfasis en que indicios que señaló el Supremo como el borrado de su móvil o la llamada con un periodista "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas". "Convertir tales hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia, lo que resulta incompatible con la presunción de inocencia. Principio constitucional que diferencia a los Estados democráticos de los que no lo son", resume el manifiesto.
Por su parte, en lo que respecta a la “nota de prensa” que publicó el Ministerio Público, sostienen que "perseguía desmentir una acusación falsa, grave e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía", por lo que, "existía un interés público evidente en informar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Para ellos, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas".
Con todo ello, y según han matizado los firmantes en el manifiesto, "no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos", por lo que se ha "conculcado gravemente" su presunción de inocencia, motivo por el cual, "en este caso, la condena no debió producirse".
