La pasada semana, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid recibió un nuevo varapalo del Tribunal Constitucional por bloquear sistemáticamente iniciativas contra Isabel Díaz Ayuso a través de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Este viernes ya conocemos la argumentación de la sentencia. Sin entrar a valorar el contenido político de las iniciativas que la Mesa bloqueó, el Constitucional argumenta -con la jurisprudencia en la mano- por qué el PP ha atacado el derecho de representación y control del Gobierno de los diputados de la oposición.
Ya ocurrió, dos días antes, con el recurso del PSOE-M al veto por parte de la Asamblea a preguntas sobre las amenazas del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas. El Constitucional admitió a trámite una nueva queja, esta vez de Más Madrid, que ponía el foco también el bloqueo del PP a la creación de comisiones de investigación sobre los contratos sanitarios de emergencia firmados durante la pandemia. El Tribunal es claro: la Mesa de la Asamblea, que preside el PP, ha hurtado "la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público" sobre estas cuestiones, excediendo así sus funciones.
El texto del Pleno del Constitucional, al que ha tenido acceso a ElPlural.com, desmonta punto por punto los argumentos que presentó la Asamblea de Madrid contra el recurso de amparo de Más Madrid. Los fundamentos jurídicos de la sentencia se dividen en las tres cuestiones en las que la oposición pone el foco: la mayoría del PP en la Mesa vetó la creación de comisiones de investigación, denegó proposiciones no de ley pidiendo la destitución de Miguel Ángel Rodríguez y evitó que el jefe de Gabinete de Ayuso compareciera ante la cámara.
Para desmontarlos, el Tribunal se apoya en el propio Reglamento de la Asamblea de Madrid (RAM), que establece, en esencia, que el papel de la Mesa en aceptar o rechazar las iniciativas se debe limitar a los aspectos formales, y no a su contenido. En concreto, el artículo 75 del RAM "no deja margen de discrecionalidad a la mesa para decidir", argumentan. En otras palabras: la Mesa de la Asamblea excedió sus funciones al vetar estas iniciativas.
El Constitucional falla que "se ha vulnerado el derecho" de la oposición a "ejercer las funciones representativas" que se recogen en la Constitución (art. 23 CE). Asímismo, piden "declarar la nulidad" de los vetos de la Asamblea a las iniciativas que Más Madrid incluyó en la querella y que se dicten nuevas resoluciones.
El bloqueo a que se investiguen los contratos sanitarios durante la pandemia
Uno de los principales escollos del Ejecutivo de Ayuso viene del año 2020, cuando en medio de la pandemia de Covid se firmaron contratos de emergencia con empresas sanitarias privadas. La oposición, en el uso de su función de control al Gobierno autonómico, que recoge el Estatuto de Autonomía y que ahora reitera el Constitucional, ha pedido a la Mesa en decenas de ocasiones que se creen comisiones de investigación para aclarar .
El PP ha utilizado su mayoría para vetar estas peticiones, apoyándose, entre otros argumentos, en que el asunto carece de interés público, en que son responsabilidades de Gobiernos anteriores y de que no es un tema que afecte solo a la Comunidad de Madrid "al estar el caso Ábalos referido a la contratación estatal". Sobre esto, el Constitucional sentencia que la Mesa ha vulnerado el derecho de representación de los diputados.
Investigar los contratos de emergencia es de interés público porque es controlar cómo se gastan los recursos públicos. Y la Mesa no lo puede rechazar basándose en que el asunto no afecta a la región porque en la propia solicitud de Más Madrid se especificaban los 5.000 contratos que el Gobierno de Ayuso firmó de esta manera. Y no se puede amparar en que "está el caso Ábalos" porque, en palabras del propio Constitucional: "dicho caso no parece tener conexión alguna con esta iniciativa".
La protección del PP a Miguel Ángel Rodríguez a través de la Asamblea
En cuanto a las inciativas que afectan a Miguel Ángel Rodríguez, tanto Más Madrid como el PSOE-M tomaron acción ante las amenazas del jefe de Gabinete de Ayuso a periodistas. En esta última sentencia, el Constitucional cuestiona que la Mesa de la Asamblea haya bloqueado proposiciones no de ley que, entre otras cosas, pedían la destitución de Rodríguez, y peticiones de que este comparezca ante la cámara. Según la mayoría popular, las solicitudes de Más Madrid eran reprobaciones encubiertas y contenían juicios de valor.
Tanto las proposiciones no de ley como las comparecencias son instrumentos para "el control del Gobierno" y para "forzar el debate público", ya que obligan a los distintos grupos parlamentarios a tomar una posición sobre el tema. Bloqueándolas, la Mesa ha hurtado ese derecho a la Asamblea, que en última instancia representa el derecho de los ciudadanos -en este caso de la Comunidad de Madrid- a que sus intereses estén representados. Además, el Constitucional apunta que la Mesa no puede vetar iniciativas porque contengan "juicios de valor", ya que, como ya se ha mencionado, sus funciones se deben limitar a valorar cuestiones formales que, en este caso, no se incumplieron.