La exmilitante del PSOE Leire Díez ha rechazado este viernes que las actuaciones por las que está siendo investigada tuvieran como finalidad influir en procedimientos judiciales o beneficiar a su antiguo partido. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción que investiga el conocido como caso Leire Díez, la exdirigente sostiene que todas sus gestiones respondían exclusivamente a una investigación periodística y niega que existiera "ningún tipo de finalidad espuria".
El documento ha sido presentado ante el magistrado Arturo Zamarriego, instructor de una causa en la que Díez figura como investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. La investigación se centra en supuestas maniobras dirigidas contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, jueces y fiscales.
En su escrito, la defensa de Díez insiste en que las reuniones y actuaciones desarrolladas por su representada tenían como único propósito recabar información para una investigación periodística relacionada con distintos procedimientos judiciales.
La abogada de la exmilitante sostiene que las intervenciones de Díez se produjeron "en el seno de una investigación que estaba llevando a cabo como periodista sobre diversas causas judiciales" y rechaza que pretendieran alterar el desarrollo de procesos que afectaran a intereses del PSOE o del Gobierno.
Recurso contra el rechazo de nuevas diligencias
La representación legal de Díez también ha recurrido la decisión del instructor de no practicar varias diligencias solicitadas por la defensa.
Entre ellas figura la declaración como testigo de un hombre al que la investigada identifica como presunto responsable de la filtración del audio de la reunión mantenida en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, cuya difusión dio origen a la investigación judicial.
Asimismo, solicita que la Guardia Civil facilite la relación de consultas realizadas sobre Díez en las bases de datos del cuerpo, indicando las fechas y la identidad de quienes efectuaron dichos accesos.
La defensa también reclama información sobre los informes que pudieran existir acerca de la reunión celebrada entre Díez y el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, así como que se aclare la posible vinculación con la Guardia Civil de la persona señalada como presunto filtrador del audio.
Denuncia grabaciones "ilegítimas"
En el recurso, la defensa mantiene que Díez fue objeto de "grabaciones ilegítimas" realizadas durante conversaciones privadas celebradas en un despacho de abogados con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según sostiene, esas grabaciones habrían sido posteriormente modificadas y recortadas antes de su difusión pública, con el objetivo de impulsar una campaña de desprestigio que, a su juicio, desembocó en la apertura del actual procedimiento judicial.
La referencia alude al audio difundido de una reunión por videoconferencia mantenida con Hamlyn, empresario investigado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos y actualmente huido de la Justicia en Dubái. En esa grabación se escucha a Díez solicitar información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, ofreciendo presuntamente contraprestaciones al empresario.
Dos investigaciones aún sin unificar
La causa que instruye el Juzgado de Madrid es independiente de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el magistrado Santiago Pedraz, que analiza la existencia de una presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
En esa investigación, el juez sitúa al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán como presunto responsable de la estructura y atribuye a Díez un papel de coordinación. Pedraz ha solicitado la acumulación de ambos procedimientos, aunque esa unificación todavía no se ha acordado.
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