La Audiencia Provincial de Tarragona ha emitido un auto en el que afirma que ellos no son competentes para resolver la cuestión de competencia presentada por la defensa del exministro de Mariano Rajoy, Cristobal Montoro, en la causa penal abierta contra él, y que investiga si se hicieron leyes ad hoc para beneficiar a determinadas empresas mientras estuvo al frente del Ministerio de Hacienda.
Según explican en el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, "el órgano competente para resolver una cuestión de competencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y 23 de la LECr puesto en relación con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el superior inmediato común entre los órganos respecto de los que se plantea la discrepancia. En este caso, seríamos competentes si la cuestión se planteara entre distintos órganos de instrucción de la misma provincia; entonces, el órgano inmediato superior común, sería nuestra Audiencia Provincial".
Pero acto seguido afirman: "Sin embargo, planteándose la controversia entre los órganos de instrucción de Tarragona y los de Madrid; es decir, entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas del territorio español; el órgano inmediato superior común no es ni la Audiencia Provincial ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia Catalán sino el Tribunal Supremo".
Y a este respecto dicen en su auto los magistrados que, "Es la falta de competencia funcional, en base a las normas de atribución competencial que prevé la LOPJ y la LECr; la que determina que no podamos resolver la cuestión de competencia que se nos ha elevado, bajo el riesgo de incurrir en un supuesto de nulidad (art. 238.1 de la LOPJ)."
Todo el embrollo jurídico comenzó cuando Equipo Económico, la empresa de Montoro, interpuso un escrito en el que afirmaban que "el Tribunal de Instancia de Tarragona es incompetente" y, por ello, solicitaban al juez que "acuerde la inhibición en favor del que corresponda". Sin embargo el juez rechazo la petición, por lo que se interpuso un recurso ante la Audiencia de Tarragona.
Y es que, desde Equipo Económico se afirma que el Ministerio está en Madrid, pero el juez contesta que los emails que dieron lugar a la apertura del caso se enviaron desde Tarragona. De hecho, la defensa afirma que, pese a que no se menciona al lugar de comisión de los hechos, se trataría de órganos superiores y directivos de la Administración Central y no de la Administración periférica, y Equipo Económico tenía su sede y único centro de trabajo en Madrid, como AFGIM.
El caso Montoro
En este caso, los hechos investigados, recogidos en el auto de 19/06/2025; tienen que ver con la presunta influencia en reformas legislativas que habrían obtenido empresas gasistas englobadas en la AFGIM, a cambio del pago de dinero; de miembros del Gobierno y la Administración Central, a través de la mercantil Equipo Económico y socios de hecho y de derecho de la misma.
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