La Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un informe fechado a 23 de julio, y al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que solicita al juzgado de Instrucción número 4 de Getafe elevar al Tribunal Supremo el caso Teatro, que afecta al senador del Partido Popular Juan Soler Espiauba-Gallo. La Fiscalía acusa a Soler, quien además es uno de los principales apoyos en Madrid de Pablo Casado, de participar en el amaño de varios contratos en el marco del caso Teatro. El órgano público ha solicitado el procesamiento de hasta 32 personas, entre las que se incluyen concejales del PP, funcionarios, empresarios e incluso el conocido arquitecto de los famosos Joaquín Torres. La causa salpica a Esperanza Aguirre, ya que su cuñado, Javier García-Monsalve, se encuentra en el listado.
El caso Teatro arranca con una querella interpuesta por Roberto Benítez, editor de ElBercial.com y fundador del partido Impulsa Getafe, formación local focalizada en luchar contra las tramas de corrupción. La causa investiga hasta ocho contratos adjudicados entre los años 2011 y 2015 relativos a lo que iba a ser el Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas de Getafe. Un proyecto que nunca se terminó.
Juan Soler era el alcalde de Getafe en el momento en que ocurrieron los hechos. Concretamente, se investigan dos contratos iniciales: el de demolición de un edificio y el estudio del proyecto base del nuevo.
En ambas adjudicaciones, se produjeron irregularidades y se siguió el mismo protocolo: negociación sin publicidad. El Ayuntamiento encargó a la empresa pública GISA tramitar los contratos. En su escrito, la Fiscalía dice que “GISA modificó aspectos relativos a la acreditación de solvencia técnica y administrativa para permitir que la mercantil Vegas Arquitectura pudiera cumplir con los requisitos solicitados (se trataba de una empresa de reciente creación, sin trabajadores, ninguno de los socios, Julián Vegas y Sandra Lorena Manzanilla, estaban colegiados como arquitectos por lo que no podían ni firmar proyectos ni contratar seguros de responsabilidad profesional como se exigía las condiciones administrativas remitidas por el ayuntamiento de Getafe a GISA)”.
Con respecto a los contratos de demolición, obra y construcción, dos de ellos fueron para Dragados, filial del grupo de Florentino Pérez. Según la Fiscalía, la empresa en cuestión inició los trámites para la demolición del edificio tiempo antes de que el Ayuntamiento negociara (sin publicidad) la concesión.
Pero la causa no queda ahí. El arquitecto Joaquín Torres también está siendo investifado por el contrato de dos escuelas infantiles y una reforma de una fábrica de harinas. Los delitos, teniendo en cuenta todo el plantel, van desde malversación de caudales públicos hasta prevaricación, pasando por intercambio y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. La conclusión de la Fiscalía es que todos los contratos estaban amañados desde un principio.
