A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha ordenado que el Juzgado Central de Instrucción 5 reabra la pieza 5 del caso Gürtel, denominada “Orange Market”. El objetivo es dilucidar el rol desempeñado por Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, en la contratación del Grupo Correa.
El organismo público ha considerado oportuno solicitar la reapertura de la causa tras las declaraciones del exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez alias El Bigotes en el seno del juicio de la financiación irregular del PPCV.
Ibars está acusada de prevaricación administrativa. Se le acusa de contratar directamente a Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat, así como de un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional. Para evitar el control administrativo, se fraccionar las facturas y el precio final se situó en los 88.975,59 euros, de los cuales se llegaron a pagar 58.580,96 euros.
Asimismo, la Fiscalía acusa a Ibars de haber participado de forma directa en la adjudicación de Orange Market del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur del año 2009. Instituciones y organismos oficiales fueron obligados a contratar con la empresa del Grupo Correa, que utilizó el mismo sistema de fraccionamiento de facturas.
Según el auto emitido por los tres magistrados de la Audiencia Nacional, de las declaraciones de Correa, Costa, Crespo y El Bigotes se desprende que “la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Todos ellos señalan a Francisco Camps.
En consecuencia, lo que el tribunal deberá dilucidar será si Ibars adoptó motu proprio las decisiones o si estas venían desde una escala superior jerárquicamente hablado. Y si es así, de quién.
