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Un juzgado de instrucción de Salamanca ha iniciado una investigación por posible financiación ilegal contra el PP de Castilla y León. Según una providencia fechada a 29 de junio, la sección primera de la Audiencia Provincial de Salamanca estimó el pasado abril el recurso interpuesto por Foro de Izquierda-Los Verdes contra el archivo de la causa sobre las primarias del año 2017.
Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la región, se enfrentaba entonces a Antonio Silván. Se investiga si, en ese momento, se pudo incurrir en un delito de financiación ilegal, por lo que el Juzgado de Instrucción Número 2 ha decretado la reapertura de las pesquisas.
Dos militantes de la formación, Agustín Gómez Vicente y César Gómez-Barthe Celada, declaran el próximo 30 y 31 de julio respectivamente.
Este último fue secretario general de Nuevas Generaciones en Salamanca y llegó a ir en las listas del PP a las Cortes de Castilla y León en las elecciones de 2019.
El caso se remonta a mediados de junio del año pasado, en 2019, cuando en plenas negociaciones entre el PP y Ciudadanos para conformar un Gobierno, este Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima. Según la querella, se habría pedido entre 300 y 500 euros a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PP de 2017.
El juzgado ya investigó estos supuestos delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental. No obstante, semanas después, el mismo tribunal decretó el archivo de las diligencias por considerar que carecían de "tipicidad penal" ya que, en opinión del juez instructor, "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”.
Es entonces cuando Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca, acusación popular en las diligencias, recurrió el archivo ante la Audiencia Provincial, la cual en un auto fechado a 8 de abril ordenó reabrir el caso a fin y efecto de agotar la investigación y "comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el PP”.
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