Iván Espinosa de los Monteros, diputado y portavoz de Vox, vuelve a verse envuelto en una polémica judicial. Según ha publicado eldiario.es, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso y ha confirmado la condena al dirigente ultraderechista por intentar eludir el pago de parte de las obras de su lujosa casa situada en el distrito de Chamartín.

La casa se erige sobre una parcela de 342 metros cuadrados en uno de los barrios más lujosos y exclusivos de Madrid. Tiene una superficie edificada de 545 metros cuadrados en cuatro plantas, con ascensor, gimnasio, garaje y piscina con solárium.

Iván Espinosa de los Monteros utilizó para contratar las obras una sociedad en la que él constaba como administrador y único accionista. Se trata de la firma Pedro Heredia 6 SL. Además, el proyecto de construcción de la vivienda, puesta en venta recientemente por tres millones de euros, lo llevó a cabo la dirigente de Vox y esposa del vicesecretario Rocío Monasterio.

Según eldiario.es, consta una sentencia contra la sociedad que administraba Espinosa de los Monteros y otra contra su persona. De ellas se extrae que el dirigente de Vox quiso eludir el pago de una parte de las obras de su vivienda.

La primera de ellas data del 3 de noviembre del año 2014, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid condenó a la sociedad a pagar 74.108 euros más intereses a RUE SL. Esta última firma fue contratada por Espinosa de los Monteros en febrero de 2012 para erigir su vivienda.

Pablo Heredia SL recurrió la condena en la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el 30 de marzo de 2015 la ratificó. Eso sí, se le rebajó a 57.038 euros la compensación al haberse hecho cargo la firma de Espinosa de los Monteros de varias facturas, según relata la sentencia.

No obstante, la firma del alto cargo de Vox jamás hizo frente a esa deuda. Por tanto, el 23 de junio de 2016, la empresa se declaró en concurso de acreedores, lo que permitiría a RUE SL personarse contra el propio Espinosa de los Monteros asegurando que él era el responsable de la deuda contraída al ser el propietario.

Pero en septiembre del pasado curso, el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid condenó al político a pagar de su bolsillo y con intereses el dinero que su empresa debía. Un montante que ascendía a 63.183 euros, según se recoge en la citada sentencia.