La Justicia ha avalado la postura del Gobierno central. El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado este jueves las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, suspendiendo así el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón (Madrid), según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Con la adopción de estas medidas cautelares, el cierre del CREADE queda suspendido de forma provisional hasta que el órgano judicial dicte sentencia. Durante este periodo, el centro podrá continuar prestando servicio con normalidad y las personas acogidas mantendrán su alojamiento y atención en las condiciones actuales.
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han celebrado que se haya evitado así el desalojo de las familias que estaban acogidas en el centro madrileño y que llevan meses "sometidas a una gran incertidumbre," desde que el Ayuntamiento de Pozuelo inició este procedimiento, el pasado mes de julio.
El Gobierno niega que haya "hacinamiento" en el centro
Precisamente, también negaron este miércoles que existiera "hacinamiento" en el lugar, tal y como afirmaban desde el Consistorio de Pozuelo, y añadieron que, por el contrario, está a un 17% de su ocupación.
Asimismo, explicaron que el centro fue abierto en marzo de 2022 para atender la llegada de ucranianos que huían de la invasión rusa, con 400 plazas iniciales. En la actualidad, agregaron que tiene una ocupación de 70 plazas, todas ellas correspondientes a familias con niños ucranianos con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo. "El CREADE de Pozuelo ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías", subrayaron desde Migraciones.
Además, expusieron entonces que, desde su creación, ha sido un "centro de referencia" para otros CREADE y "un modelo que ha sido reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocido prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)".
"En estos centros, en apenas unas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan", apuntaron.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado mes de noviembre un recurso contencioso-administrativo con la petición de medidas cautelares contra el cierre del CREADE de Pozuelo, ordenado en septiembre por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con un plazo de cuatro meses para realojar a las 400 personas que allí residían.
En sus alegaciones, el Consistorio de Pozuelo liderado por Paloma Tejero (PP) insiste en que el centro, un edificio cedido por Seguridad Social (Ministerio) a Migraciones en 2022, incumple "no solo la normativa municipal, sino también la estatal". Desde el Ayuntamiento han insistido en que el centro solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y "no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo", tal y como traslada el Ministerio en la documentación que aporta al juzgado.
Esta situación, ha recalcado, representa un "riesgo cierto de hacinamiento", según denuncia el Ayuntamiento en su escrito al juzgado. Además, ha añadido, la única licencia con la que cuenta este edificio desde 2013 contemplaba la necesidad de una nueva licencia de funcionamiento en caso de modificar su actividad.
El Ayuntamiento del PP, entonces, dio de plazo al Ministerio cuatro meses para realojar a las personas que residían en el mismo, que venció el pasado sábado. Durante este tiempo, ha denunciado el Consistorio, el departamento que dirige Saiz "no ha hecho nada por regularizar esa situación en la vía administrativa, sino que se ha limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre".
