Ni indulto ni atajos políticos. Esa es la posición que están defendiendo jueces y juristas de izquierdas ante el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aunque consideran que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo es injusta y jurídicamente cuestionable, sostienen que la peor salida sería una intervención prematura del Ejecutivo mediante la medida de gracia. Su planteamiento pasa por permitir que el procedimiento siga su curso natural y que sea el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra. Solo así, argumentan, se evitaría consolidar una condena que, de confirmarse por la vía política del indulto, dejaría una huella institucional profunda y difícilmente reversible.
El debate se ha activado después de que el Gobierno de España iniciara los trámites formales para estudiar una solicitud de indulto, tal y como establece la legislación vigente una vez existe una sentencia firme. Desde el Ejecutivo se insiste en que se trata de un procedimiento reglado, automático y aún abierto, que no prejuzga ninguna decisión final. Sin embargo, el simple hecho de que la maquinaria administrativa se haya puesto en marcha ha reavivado las críticas de la oposición y ha generado un debate incómodo dentro del propio espacio progresista.
En el entorno gubernamental se asume que el indulto es una herramienta legal y constitucional, pero también una figura de alto coste político. En este caso concreto, la medida no solo tendría implicaciones personales para el ex fiscal general, sino que se interpretaría como una desautorización implícita del fallo judicial, alimentando el relato de confrontación entre poderes del Estado. Esa es una de las razones por las que el Ejecutivo se mueve con extrema cautela, consciente de que cualquier decisión será leída en clave política.
Dejar que el Constitucional decida
Frente a esta situación, numerosos jueces y juristas progresistas han hecho valer una posición que combina la defensa de la inocencia de García Ortiz con una reivindicación estricta del funcionamiento del sistema judicial. Para estos sectores, el indulto no es una solución adecuada porque no cuestiona la existencia del delito ni borra la condena, sino que se limita a mitigar sus efectos. Desde su punto de vista, aceptar esa salida equivaldría a asumir como válida una interpretación delictiva que consideran errónea.
Estos juristas subrayan que la sentencia del Supremo plantea problemas de fondo que deben ser analizados desde una perspectiva constitucional. Entre ellos, señalan una interpretación expansiva del delito de revelación de secretos y una valoración probatoria que, a su juicio, no supera los estándares más exigentes en materia de presunción de inocencia. Permitir que el caso llegue al Constitucional no es, por tanto, una maniobra dilatoria, sino el cauce previsto para corregir posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Además, advierten de que un indulto dejaría intactos los efectos simbólicos de la condena. Aunque la pena se vea reducida o anulada en la práctica, el antecedente seguiría existiendo y la idea de culpabilidad permanecería asociada a quien ha ocupado la jefatura del Ministerio Fiscal. Para quienes sostienen esta tesis, solo una eventual anulación de la sentencia permitiría una reparación plena, tanto en el plano personal como en el institucional.
Un conflicto aún sin cerrar
La causa se encuentra ahora en una fase decisiva tras la condena dictada por el Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El alto tribunal consideró probado que se produjo la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— relacionado con una investigación fiscal, una interpretación que ha sido duramente cuestionada por amplios sectores del ámbito jurídico.
La sentencia, adoptada por mayoría, impuso una pena de inhabilitación, multa económica e indemnización, y fue recibida con especial controversia por la existencia de votos particulares que cuestionaban la solidez probatoria del fallo. Desde el primer momento, juristas progresistas señalaron que el tribunal había construido la condena sobre indicios y deducciones, sin una prueba directa concluyente que acreditara la autoría de la filtración por parte de García Ortiz.
Tras conocerse el fallo, la defensa anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, al considerar que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías. Ese recurso se encuentra actualmente en fase de preparación y se perfila como el eje central de la estrategia jurídica para revertir la condena.
Mientras tanto, la sentencia ha tenido efectos inmediatos en el plano profesional e institucional. La inhabilitación obligó a García Ortiz a abandonar la jefatura del Ministerio Fiscal, abriendo un periodo de transición marcado por la tensión política y por el debate sobre el alcance real de la condena. No obstante, el recorrido administrativo y disciplinario del caso sigue abierto y ha generado nuevas controversias jurídicas en torno a las consecuencias exactas del fallo.