El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, que ha instruido la causa contra el diputado del Partido Popular, Alberto Casero, el mismo que, gracias a su voto consiguió que saliera adelante la reforma laboral, propone enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el Casero al constatar indicios de prevaricación y malversación. Una causa que publicó en exclusiva ElPlural.com.
El juez elevó este lunes una exposición razonada a la Sala Segunda (Penal), en la que propone dirigir un suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero, al apreciar contra él indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), en 2017 y 2018.
A juicio del instructor, de lo actuado, esencialmente a través del testimonio remitido desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n°2 de Trujillo (Cáceres), resultan indicios racionales de criminalidad contra el parlamentario, lo cual conduciría a la continuación por los trámites del Procedimiento Abreviado, que en cuanto implica una inculpación formal requiere con carácter previo la autorización del Congreso de Diputados, de acuerdo con su exposición.
El documento que se eleva a la Sala II para su remisión al Congreso recoge esos indicios indicativos de que Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, "concertó" con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”, según explica la exposición.
Según afirma Palomo, “los diversos episodios de la conducta relatada, resultante de los referidos indicios fundados, no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación”.
Consecuentemente, apostilla el juez, "también los hechos que se han considerado indiciariamente acreditados pueden ser constitutivos de un delito de malversación (…) pues igualmente revelan, el haberse excedido en sus facultades de administración del patrimonio del Ayuntamiento causando un verdadero perjuicio al mismo, cuya cuantía, en este momento indiciario, superaría los 50.000 euros, en relación a aquellos pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados”.
El caso Casero
El conocido como caso Casero comenzó con una denuncia de la fiscal jefe que decía que, el 3 de marzo de 2017, Casero, en su papel de alcalde de Trujillo, contrató a un psicólogo que prestara servicios al Ayuntamiento que en aquel entonces dirigía. Éste habría desarrollado su actividad en los meses de marzo, abril, mayo y junio atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género.
Sin embargo, y según la denuncia presentada por el MInisterio Público, el contrato se firmó pese a que el alcalde “conocía que la competencia para este servicio correspondía a la concejala delegada de Servicios Sociales”. Señalaba la denuncia, que añadía que “el 10 de marzo de 2017, se dio de baja en la Seguridad Social a Bonilla, si bien cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros, correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. El alcalde conocía que carecía completamente de cobertura contractual”. Lo más grave es que nunca se prestó el servicio a las mujeres víctimas de violencia de género.
Como ese contrato, hubo varios más, hasta cuatro más, que presuntamente se saltaron la legalidad. La denuncia especificaba que, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.
Los contratos
Además, del contrato de atención a víctimas maltratadas, otro de los contratos cruzó los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.
La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.
Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.
