El juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo, ha prohibido a varios periodistas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que publiquen información que supuestamente les remitió Alfonso Pazos, excompañero de celda del expolicía.
La Fiscalía Anticorrupción cree que Alfonso Pazos envió a varios periodistas, entre ellos uno del diario El País, y a otras personas, documentación sobre las actuaciones policiales contra el independentismo, el rey Juan Carlos, Corinna, sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias o la familia Pujol.
Información sin firmas ni sellos oficiales
Según adelanta El País, una parte de la documentación redactada por José Manuel Villarejo sobre casos de corrupción juzgados en los últimos 20 años no contiene ni firma ni sello de registro oficial y en ocasiones se demostró imprecisa o no se pudo comprobar.
La resolución del juez para que los periodistas se inhiban de publicar los papeles de Villarejo está basada en el artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a comunicar información veraz por cualquier medio, prohíbe la censura previa y establece que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
El juez alega que intenta evitar “el acceso ilegítimo de terceros a documentos legalmente protegidos” e “impedir” que Villarejo pueda "chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible”.
Pazos se habría reunido con el exsecretario de Estado
La policía halló en el registro del domicilio de Alfonso Pazos “determinados documentos de carácter clasificado”, correspondientes a una etapa en la que Villarejo “desempeñaba funciones de información e inteligencia policial en la Dirección Adjunta Operativa”. Una comisión judicial registró la celda del comisario y encontró también diversa documentación, entre la que destacaban seis notas informativas que según Anticorrupción incluyen datos afectados por la Ley de Secretos Oficiales, supuestamente similares a los que difundía Pazos cuando salía de la cárcel con un permiso.
Según Anticorrupción, Alfonso Pazos mantuvo hasta “siete encuentros” con "terceras personas interesadas en la adquisición o en el acceso a los documentos que se pretendían difundir, sin que ninguna de ellas esté legalmente habilitada para el acceso al material clasificado como secreto”. Entre esas personas estaría el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en el caso Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, una operación policial pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior.
