La magistrada instructora de la causa de la DANA, que investiga la muerte por negligencia de 229 personas el día de la riada que asoló L'Horta Sud, Nuria Ruiz Tobarra, ha comenzado el curso jurídico citando al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, el próximo 19 de septiembre. Además, la juez también ha citado al oficial jefe del Consorcio Provincial de bomberos de Valencia, y a un técnico forestal del Consorcio Provincial de bomberos de Valencia.

La citación de Polo se prevé como una de las más importantes para las diferentes partes personadas. De hecho, su nombre ha estado siempre en el centro de la diana de los constantes ataques que desde el Partido Popular, así como desde el entorno de las defensas, se han ido vertiendo a lo largo de los meses. La exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, siempre se ha acusado a Polo de no haber dado la información oportuna la tarde del 29 de octubre en el Cecopi. Ello pese a todas las comunicaciones que desde la CHJ se enviaron por los diferentes canales oficiales a dicho Cecopi.

Varapalo a Vox y las defensas

En otro auto, la juez deniega las peticiones de diligencias del partido de extrema derecha Vox, personado en el procedimiento. En primer lugar deniega que los guardias civiles que hicieron el informe, que la magistrada tumbó por falaz, acudan a ratificarse. Recuerda Ruiz Tobarra que "dicho informe no se corresponde con lo acordado por esta juez. El informe que interesaba se limitaba a una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos. No se solicitaba ninguna valoración respecto de las actuaciones de los intervinientes".

Añade que "es un informe erróneo por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración. Se trata de un informe extenso, 220 páginas, pero que ni puede atender a lo que sucedió en el Cecopi, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas que fijan en muchos casos casi el momento exacto en el que fallecieron sus allegados (elemento de conexión con el retraso en la alerta), a los peritos que analizan y analizarán aspectos cruciales sobre las previsiones y los desbordamientos".

La juez apostilla que, "en lo concerniente a la información de la AEMET proporcionada al 112 de la Generalitat, no se incide en las comunicaciones que efectivamente se produjeron telefónicamente. Una de ellas era un audio, que presuntamente se publicó recortado, y que reflejaba que efectivamente sí que se informó sobre la evolución meteorológica. No existe mención alguna a dicha comunicación de especial relevancia que fue publicitada y difundida públicamente, incluso por alguna autoridad, como un medio de desacreditar la existencia real de avisos por la AEMET.".