El magistrado Adolfo Carretero está marcando un perfil propio en la instrucción del caso mascarillas. Tanto es así, como que ha decretado medidas cautelares a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, en contra de criterio del fiscal Anticorrupción. Pero, además, ha emitido un auto lapidario al decretar esas medidas. Un auto en el que pone en jaque la defensa de Luceño y Medina, quienes aseguran que eran agentes exclusivos de la empresa Leno. Sin embargo, el juez, ante esa afirmación dice: “No está acreditado”. Pero va más allá, y dice que Medina y Luceño ocultaron con "engaño y ánimo de lucro" los precios de las mascarilas.
En el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, Carretero expone que, Luceño, aprovechando que el primo del alcalde de Madrid les facilitó el teléfono de la responsable de compras, Elena Collado. Dice el juez que Luceño “con miles de fallecimientos diarios se presentó como agente exclusivo sin que conste que lo fuese, de la empresa malaya”. Medina estaba con Luceño, e “hizo de intermediario”.
El juez afirma que “luceño, en connivencia total con Luis Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento, que el precio de las mascarillas se había elevado un sesenta por ciento, el de los guantes un ochenta y uno por ciento, y el de los test un 71%, como consecuencia de las comisiones que los investigados habían pactado con la empresa Leno”.
Delitos graves
En su auto, el juez afirma que, “los delitos anteriores son graves, no solo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia Covid-19, con miles de fallecimientos diarios y afectar a fondos públicos necesarios para conseguir materiales sanitarios de primera necesidad, que ofrecían los investigados con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo, como dice el fiscal en su escrito de querella. Sino también porque llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga, por mucho que el investigado tenga arraigo y quiera colaborar con la Justicia, ya que es también connatural a la naturaleza humana, tratar de evitar tan duras penas”.
Y apostilla sobre Luceño que, además, “se dispone de un dinero ilícitamente obtenido y aun no controlado en la presente causa, pudiendo además el investigado salir de territorio nacional para manipular pruebas del pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la Justicia española hasta el momento es nula”.
