El pseudosindicato de extrema derecha Hazte Oír literalmente ha perdido el norte. Este jueves ha presentado un escrito solicitando que la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no entre por el garaje en su declaración prevista para el próximo 19 de julio. Un escrito en el que acusan a la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, de plegarse "a las pretensiones de una persona particular investigada", pero en el que también, en un alarde de surrealismo, dicen que los que necesitan protección son ellos. "El magistrado y los abogados de las acusaciones no contamos con escolta personal, y todos conocemos perfectamente el historial violento del PSOE", afirman sin sonrojarse.

En el escrito, desde el pseudosindicato se retrotraen tergiversando sin ningún tipo de vergüenza la historia hasta 1910 para refrendar sus supuestos argumentos. Enumeran ese historial violento que según ellos tienen los socilistas hablando de, primero, "el discurso de odio de su fundador, Pablo Iglesias Posse, el 7 de julio de 1910, cuando manifestó que su aspiración era «la supresión de la Magistratura, la supresión de la Iglesia, la supresión del Ejército»; 2o la colaboración del PSOE con la dictadura de Primo de Rivera; 3o la participación del partido en la subversión del orden legal el 14 de abril de 1931, haciendo pasar el supuesto resultado electoral de unas elecciones municipales como si hubieran sido unas constituyentes; 4o la participación en el golpe de estado y connato de guerra civil en octubre de 1934 por negarse a acatar el resultado de unas elecciones; 5o la intervención de militantes socialistas, justo dentro de dos días hace 88 años, el 13 de julio de 1936, en el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la oposición; 6o la organización de checas y participación en secuestros y asesinatos en el periodo 1936-39; 7o la organización del GAL en la década de 1980; 7o el acoso de sedes de partidos contrincantes sus disculpas pacifistas, etc. etc".

Y apostilla: "Resulta irónico, por todo ello, que se intenten justificar tales medidas en la protección de una persona particular que cuenta ya con numerosa protección de escoltas; y que sin embargo se dejen desprotegidos a los letrados de las acusaciones de asociaciones creadas en el siglo XXI que no tienen ningún pasado violento, y que sostienen una acusación penal contra la militante de un partido que tiene una amplio historial de discurso de odio, de violencia política, y de corrupción sistémica. Y que por tanto, sí tenemos temor justificados a poder ser agredidos por militantes controlados o descontrolados del PSOE".

Ataques a la Policía Nacional

Además acusa a la Policía Nacional de haber tomado los alrededores de los juzgados de plaza de Castila. "El objetivo último de esta pretensión, o al menos así lo entiende legítimamente esta acusación, era amedrentar y coaccionar tanto al Instructor como a la acusaciones, con una exhibición de la fuerza del Estado al servicio de los intereses particulares de la susodicha. No era pues, ni más ni menos, que hacer ver que pretender investigar las presuntas actividades delictivas de la Sra. Gómez es enfrentarnos con todo el poder del Estado, que se ejercerá contra nosotros. Y que el poder del Estado, gestionado por el PSOE, es capaz de conseguir un trato privilegiado (la entrada en semiclandestinidad por el garaje de los Juzgados) que no han conseguido ni presidentes del Gobierno, ni Ministros, ni Presidentes autonómicos, ni la «infanta Cristina», ni el «yerno de Juan Carlos y cuñado del Jefe del Estado, Felipe de Borbón»".

Por lo anterior solicitan que, "no se tomen medidas de privilegios, ni extraordinarias, con respecto a Begoña Gómez, que debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otro investigado/a, y por tanto debe accede al edificio por los lugares habilitados para el resto de usuarios de la administración de justicia; y que igualmente no se acuerden medidas limitativas de derechos fundamentales como el de deambulación o información, con respecto a periodistas, abogados, funcionarios o usuarios de la administración de justicia, limitándose las medidas de orden a las habituales de la sede judicial".

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